Guerra de fechas por el juicio a Torra, que se niega a pedir un aplazamiento al Parlament

Quim Torra, en el Parlament.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado hoy que mantiene la fecha del 25 y 26 de septiembre para la vista oral del juicio por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Lo ha hecho minutos después de que el Parlament confirmara las mismas fechas para la celebración del Debate de Política General, en el que el presidente catalán abre el curso político fijando las prioridades del Govern para ese año. Se confirma así el escenario previsto por Torra, en el que el president puede ir un paso más en su pulso con la justicia negándose a comparecer ante el TSJC con el argumento de que debe dar preferencia al Parlament.

“Hoy por hoy no está previsto pedir ningún cambio al Parlament sobre las fechas del Debate de Política General” ha confirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, apenas unos minutos después de conocerse la decisión del Tribunal, que también ha rechazado por defectos formales la recusación de su presidente, Jesús María Barrientos. Budó ha dejado claro que el president mantiene abierta la puerta al desacato al tribunal, y ha señalado que se trata de una decisión personal de Torra que el ejecutivo catalán sólo puede apoyar.

“Es una decisión que corresponde al president Torra”, ha argumentado al ser preguntada sobre si el president acudirá a la cita con la justicia. Torra ha basado su rechazo a las fechas fijadas por el TSJC para juzgar la presunta desobediencia del president al negarse a acatar las órdenes de la Junta Electoral y retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante la campaña electoral en la exigencia de un supuesto “respeto a la separación de poderes” porque “en esas fechas ya se había fijado la fecha del Debate de Política General”.

Agenda vacía, según el TSJC

Sin embargo, el decreto dictado por el letrado del TSJC que desestima el recurso presentado por el president contra el señalamiento del juicio advierte que el debate en el Parlament no figura en la agenda oficial de Presidencia. “Respecto a la manifestación de si la diligencia se ha dictado sin tener en consideración la condición de President de la Generalitat del investigado y no se ha procurado no interferir en su agenda”, apunta “no cabe sino manifestar que al tiempo de dictarla se consultó la agenda del Parlament que, en aquella fecha y aún hoy, para la semana del 23 al 29 de septiembre no tenía ni tiene programada ninguna actividad”.

Y añade que “junto con el escrito de recurso no se ha acompañado documentación alguna que justifique realizar una valoración distinta respecto del señalamiento efectuado”. El decreto rechaza además la alegación a defectos de forma en el señalamiento de las fechas del juicio, que según Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, contravenían la Lecrim.

En este contexto, Budó ha señalado que “Torra no ha decidido ni ha anunciado qué va a hacer” y ha rechazado “especular sobre las consecuencias” penales del juicio, pero ha asegurado también que desde el Govern “no contemplamos la inhabilitación  -la Fiscalía ha pedido una pena de 20 meses de inhabilitación por desobediencia- porque entendemos que lo hizo en defensa de libertad de expresión”.

El PSC ya ha respondido al inmovilismo del Govern recordando que la cámara cambió las fehcas de dos plenos en el último periodo de sesiones para amoldarse al calendario independentista, concretamente al final del juicio al procés y a la “huelga” convocada por las entidades independentistas con motivo del inicio de las sesiones de ese mismo juicio en el Tribunal Supremo.

“Si cambiamos las fechas” en esas dos ocasiones, señala la portavoz parlamentaria del partido, Eva Granados, “más sentido tiene cambiarla por una citación del president. No hacerlo es utilizar el Parlament para abonar de forma irresponsable la confrontación institucional”.

Rechazada la recusación de Barrientos

El TSJC ha rechazado también las recusaciones a Barrientos y la magistrada Mercedes Armas, en este caso por un defecto de forma en el escrito presentado por Torra, en el que no consta la firma del acusado. En la providencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no entra en el fondo de la petición de Torra, la supuesta falta de imparcialidad de Barrientos, sino que pide a la defensa del president que “subsane los defectos de forma contenidos en la recusación”.

Y señala en concreto “a falta de firma del recusante y que acompañe el documento número 1 al que se hace referencia en el cuerpo de ambos escritos”.