España quiere frenar la compra de ‘luz sucia’ (y barata) a Marruecos imponiendo tasas

El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

A finales del año pasado se rompió una tendencia histórica en la compraventa de electricidad entre España y Marruecos. Ambos países están unidos por una doble interconexión eléctrica (la única que conecta dos continentes en todo el mundo) y que tradicionalmente sirve para que España exporte electricidad al vecino del sur para dar estabilidad a su sistema energético. De manera permanente, desde siempre, así había sido.

Pero el pasado diciembre, cuando Marruecos puso en marcha una gran central de carbón de última generación, se produjo un giro total. Por primera vez, España compró más electricidad a Marruecos que la que le vendió. Y así ha seguido desde entonces. La situación se ha dado la vuelta porque la electricidad producida en Marruecos ha empezado a ser más barata.

Cañete deja en manos de los estados de la UE la decisión de crear aranceles. De todos los estados, no de cada uno de manera unilateral

¿Por qué? Porque, al contrario que las plantas térmicas españolas (y como todas las europeas), las centrales marroquíes no están obligadas a pagar por los derechos de emisión de CO2 para mantener su actividad. Y en el Gobierno y en el sector eléctrico español han saltado las alarmas por razones económicas (la eventual competencia desleal de las centrales marroquíes) y ambientales (por estar fomentando la compra de electricidad producida por tecnologías contaminantes).

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya solicitó por carta a la Comisión Europea el pasado 19 de febrero que se pronunciara sobre cómo proteger las centrales españolas de esa eventual competencia desleal ejercida por las plantas marroquíes y le pedía que se planteara “la posibilidad de arbitrar algún mecanismo para la protección de la libre competencia y la preservación del medio ambiente”.

Cañete se lava las manos

La respuesta acaba de llegar al Ministerio. Casi tres meses después, el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha remitido una carta a Ribera en la que deja en manos de los estados miembros de la UE la posibilidad de imponer tasas para frenar estos problemas para la protección de la competencia y del medio ambiente. En manos de todos los estados miembros, pero no de cada uno de ellos de manera unilateral.

Y es que Cañete subraya en su carta que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE no se puede aplicar a países que no son miembros de la UE, salvo que exista un acuerdo específico al respecto, y además recuerda que la aplicación de un impuesto sobre el CO2 a otros estados requeriría una decisión unánime de todos los estados miembros.

 

 

En todo caso, Bruselas se abre a que se utilice el denominado procedimiento legislativo ordinario (en el que el Consejo en que están representados los 28 estados miembros y el Parlamento Europeo adoptan decisiones por mayoría en ambas instituciones) para tomar medidas de carácter fiscal para con el objetivo de mejorar la protección el medio ambiente.

El Gobierno español se limita oficialmente a agradecer la respuesta del comisario y apunta que estudia su contenido para saber qué margen de maniobra tendría para tomar medidas para acabar la situación. En cualquier caso, se apunta que con el Ejecutivo en funciones no es el momento de adoptar decisiones al respecto.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha utilizado su cuenta personal en la red social Twitter para apuntar la necesidad de abrir el debate sobre la imposición de recargos fiscales al CO2 si existen escenarios de desigualdad en las condiciones. “Europa tiene grandes oportunidades en la acción climática. Pero necesita energía limpia y eficiente a precios asequibles (…) ¿Cómo asegurar comercio sostenible? Sin level playing field, se abre el debate del arancel al CO2”, escribió la ministra esta semana en Twitter.

Desde el sector eléctrico español se reconoce que el impacto real de las importaciones procedentes de Marruecos es muy limitado porque el volumen de electricidad es reducido. Pero las compañías reclaman, de momento oficiosamente, que Bruselas busque vías para hacer que los países limítrofes con la UE participen también del sistema de derechos de emisión de CO2 para evitar distorsiones o, en su defecto, que se impongan tasas específicas a la electricidad de estos países para evitar la brecha de costes entre unos y otros.

“Las condiciones no son de igualdad entre las centrales españolas y las marroquíes”, se quejaba hace unas semanas Miguel Duvison, director de Operación de Red Eléctrica, en un encuentro con periodistas. “No puede continuar esta situación de competencia desleal. Hay que tomar medidas para corregir la desigualdad entre los que pagan derechos de emisión de CO2 y los que no”.

Otro cable entre España y Marruecos

El cambio de la tendencia tradicional en la compraventa de electricidad, y la polémica sobre los diferentes costes por el CO2 entre unas centrales y otras, llegan además en el momento en que ambos países acaban de firmar un acuerdo para impulsar una tercera interconexión eléctrica a través con el objetivo de tenerla lista en cinco años.

De hecho, el comisario Cañete aprovecha su carta para indicarle al Gobierno de Pedro Sánchez que podría haber aprovechado el memorando de entendimiento con Marruecos para ese tercer cable para incluir “un sistema voluntario de certificados de origen con Marruecos para fomentar el comercio de electricidad renovable”. En cualquier caso, incluso de haberse incorporado ese aspecto no habría tenido incidencia alguna para corregir la actual situación.

De momento, el Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) un informe sobre el impacto de este futuro tercer cable sobre el precio de la electricidad en España y sobre la competencia en la generación eléctrica a un lado y otro del Estrecho.

Por lo demás, aunque Marruecos haya puesto en marcha la nueva central de carbón, Arias Cañete destaca la colaboración entre Rabat y Bruselas para impulsar el desarrollo de las energías renovables en el país africano.

“Marruecos invierte en energía solar y eólica y se plantea hacerlo como buena práctica entre los países vecinos (…) Marruecos prevé una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 y uan cuota de capacidad de generación de electricidad instalada a partir de fuentes renovables de un 52% como mínimo”, indica el comisario europeo en su carta.