La indignación de Villarejo con Santamaría: “La loca de la Pico y su jefa y el puto pendrive”

El ex comisario José Manuel Villarejo involucró al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la maniobra que pudo contaminar toda la investigación al clan del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Tal y como informó El Independiente, el agente hoy preso sostuvo en una conversación con el comisario Enrique García Castaño, apodado como El Gordo, que el pendrive de los Pujol procedía de “los cecilios” -en referencia a los agentes del CNI-. Dicho dispositivo USB fue colado en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez José de la Mata, instructor del caso Pujol, y pudo haber dado al traste con las diligencias donde se encuentran imputados todos los miembros de la familia Pujol.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción aportó esta conversación al Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid tras producirse un “hallazgo casual” en las entradas y registros llevadas a cabo en noviembre de 2017 en el marco de la operación Tándem en una de las viviendas que Villarejo tiene en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

En el informe remitido al juzgado de Madrid que investiga la causa sobre el origen del pendrive de los Pujol, el Ministerio Fiscal explica que “el acceso a la documentación intervenida –grabaciones de audio en un dispositivo de telefonía móvil intervenido en el curso de uno de los registros judicialmente autorizados en el presente procedimiento (caso Tándem)- ha revelado datos de extraordinaria relevancia sobre otros hechos delictivos, también de naturaleza grave, objeto de investigación en otro procedimiento penal, y que constituyen una fuente de prueba de una actividad delictiva netamente distinta”.

En aquella charla entre comisarios, José Manuel Villarejo no desaprovechó la ocasión para arremeter contra el CNI que en aquellos momentos, era febrero del año 2017, estaba bajo las órdenes de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. “El CNI es el Estado por lo visto, macho”, le dice el comisario con indignación a su colega García Castaño. “La que estará liando la loca de la Pico, la jefa suya….” se lamenta el agente en referencia a María Pico, la que fuera jefa de gabinete de Santamaría y su mano derecha, a raíz de que se conociese que la Policía coló en la Audiencia la citada memoria USB. Para Villarejo, “el puto pendrive de los cojones”.

 

 

“El puto pendrive ese es Marcelino el que lo mete y habla con los detectives para blanquearlo. (…) Ese famoso pendrive que nadie lo encuentra y que el inútil de Pino se lo da al inútil del Chati y que lo meten abiertamente en vez de hacer labores de inteligencia con él. La imagen que se está dando de la Policía es la polla”, se lamenta Villarejo que alude al comisario Marcelino Martin Blas, al ex Director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino y al comisario José Antonio Sánchez Aparicio, al que se refiere como ‘el Chati’.  “Yo alucino, tronco”, le responde Enrique García Castaño, también imputado en la actualidad en la Audiencia Nacional en la causa donde se investiga a la supuesta organización criminal que operó durante años en el Cuerpo Nacional de Policía.

 

La versión dada en sede judicial por los agentes que van a ser juzgados por estos hechos, el ex DAO Eugenio Pino y  el inspector jefe de Policía Bonifacio Díez Sevillano, era que el material almacenado en ese dispositivo USB procedía de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. José Manuel Villarejo también habla en su conversación con El Gordo sobre el papel de los citados detectives. “La van a liar”. asegura.

El pasado mes de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid procesó por estos hechos al ex DAO Pino  y a Díez Sevillano, en un auto en el que sostuvo que ambos “pudieron concertarse” para hacer llegar el citado pendrive a la Audiencia “ocultando su ilícita procedencia”. Son los únicos mandos de la Policía que irán a juicio por estos hechos. Están acusados de delitos de prevaricación, fraude procesal, falso testimonio, descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía, por su parte, rechazó ejercer acusación contra los agentes -pidió el sobreseimiento del procedimiento- si bien el primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, solicitó una pena de dos años y medio de prisión para ambos. Podemos, acusación popular, quiere que sean condenados a más de diez años de cárcel.