Guardias civiles llevan al juez al director por recortarles dinero de la equiparación salarial

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, en un acto oficial.

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha presentado este viernes una denuncia en los tribunales para que se investigue como presunto autor de un delito de prevaricación al director general del Cuerpo, Félix Azón, por recortar “de forma unilateral” el porcentaje de reparto del tramo de la equiparación salarial que se abonará este mes a fin de que los policías nacionales reciban un 1,72 % más que en 2018.

Se trata de la segunda denuncia que guardias civiles interponen por la ejecución que el equipo que dirige Fernando Grande-Marlaska lleva a cabo del acuerdo firmado en marzo del pasado año para igualar las nóminas de guardias civiles y policías nacionales con las de los Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. La primera acción penal se presentó el pasado 3 de abril y, según ha podido conocer este diario, ha recaído en el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid.

A finales de febrero, el Ministerio del Interior comunicó a los representantes de los agentes que, de los 250 millones de euros consignados para este ejercicio en concepto de equiparación salarial, el 57,28 % corresponderá a la Guardia Civil y el 42,72 % a la Policía Nacional. Ello supone una ligera modificación respecto al criterio aplicado en 2018, cuando el reparto fue del 59-41 %.

En su denuncia, UniónGC acusa al director general de la Guardia Civil de acordar “motu proprio” y “de forma unilateral” una variación en el porcentaje pactado en la mesa de negociación, lo que -en su opinión- causará un perjuicio a los agentes de este Cuerpo “de una cantidad aproximada de cuatro millones y medio de euros”.

UniónGC creen que Félix Azón ha prevaricado al alterar el porcentaje de reparto en beneficio de los policías nacionales

En la comisión técnica de seguimiento del acuerdo celebrada el pasado 27 de febrero, Azón defendió que “no es razonable” variar el porcentaje de distribución “salvo que circunstancias excepcionales le obligaran a ello”, según detalla el acta de aquella sesión. En todo caso, el director general de la Guardia Civil mantuvo que podría aceptarse “como máximo” una reducción de un 1%, fijándose finalmente el recorte en casi el doble: el 1,72 %.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil censuran que se haya aplicado esta disminución sin que se hayan puesto encima de la mesa “nuevos elementos objetivos” que motiven obliguen a recalcular las cantidades inicialmente asignadas, por cuanto Interior no ha dado por bueno el informe encargado Ernst&Young Abogados con el argumento de que no ha llevado a cabo el análisis de las retribuciones puesto a puesto que le demandaba. La multinacional tiene un plazo adicional de 45 días hábiles -a contar desde el 28 de marzo- para presentar una nueva versión.

“Cambiar las conclusiones”

Como ya hizo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 3 de abril, UniónGC pide también que se investiguen si altos cargos del Ministerio del Interior “presionaron” a los consultores externos para “cambiar las conclusiones” que habrían alcanzado en el curso de sus trabajos. Ese informe es clave, dado que debe determinar si la cantidad ya consignada es suficiente para garantizar la igualdad “total y absoluta” con los Mossos d’Esquadra o si, por el contrario, ha de desembolsarse más dinero para alcanzar el objetivo.

Las denuncias de AUGC y UniónGC se han interpuesto después de que El Independiente desvelara las instrucciones que representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad dieron a los técnicos de Ernst&Young en las reuniones de seguimiento a fin de que las conclusiones de su análisis se ciñeran a los 807 millones de euros ya comprometidos para el trienio 2018-2020. Interior niega que ordenara maquillar los resultados pero sigue sin facilitar a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones de la Guardia Civil ni informe que le entregó a finales de febrero ni los desplegables que, según el pliego de condiciones, el contratista debía ir entregando en un calendario tasado.

“Con el retraso en hacer públicos los trabajos de la consultora y con la no entrega de los mismos a las asociaciones y sindicatos existen razones para pensar que las presuntas presiones a las que hace referencia el citado diario [El Independiente] han podido surtir efecto”, sostienen los denunciantes. Y añaden: “Estas presuntas presiones constituirían un hecho de gravedad extrema, dado que afectarían a derechos de relevancia constitucional y de carácter profesional de los guardias civiles y de los policías, que se verían afectados sin excepción por la naturaleza de los trabajos de la consultora y de los fines que se pretenden conseguir a través de los mismos, que no son otros que la plena y total equiparación salarial de aquéllos con los miembros de los Cuerpos de Policía autonómicos”.

Por todo ello, la UniónGC atribuye al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la comisión de un delito de falsedad documental y de ultrajes a España. Ocurre que el ministro goza de fuero ante el Tribunal Supremo, por lo que los juzgados de instrucción son incompetentes para investigarlo.