Guardias civiles denuncian ante el juez las “presiones” a la consultora de la equiparación salarial

Representantes de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en una reciente conferencia de prensa.

Seis de las ocho asociaciones profesionales de la Guardia Civil han interpuesto este miércoles denuncia ante los tribunales para que se investiguen las “presuntas presiones” ejercidas por altos cargos del Ministerio del Interior sobre la consultora externa contratada para elaborar el informe clave sobre la equiparación salarial. Ese trabajo debe determinar si la cantidad ya consignada es suficiente para garantizar la igualdad “total y absoluta” con los Mossos d’Esquadra o si, por el contrario, ha de desembolsarse más dinero para alcanzar el objetivo.

AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos acuden a la Justicia días después de que El Independiente desvelara las instrucciones que representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad dieron a los consultores de Ernst&Young en las reuniones de seguimiento a fin de que las conclusiones de su análisis se ciñeran a los 807 millones de euros ya comprometidos para el trienio 2018-2020. Interior niega que ordenara maquillar los resultados pero sigue sin facilitar el informe a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones de la Guardia Civil más de un mes después de recibirlo con el pretexto de que el contratista no se ha ajustado al pliego de condiciones, motivo por el que ha decidido darle 45 días hábiles más para que lo rehaga.

“Con el retraso en hacer públicos los trabajos de la consultora y con la no entrega de los mismos a las asociaciones y sindicatos existen razones para pensar que las presuntas presiones han podido surtir efecto”, sostienen. Los denunciantes consideran que se ha podido cometer el delito descrito en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica “las actuaciones de la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las Leyes”.

La cláusula primera del acuerdo de equiparación salarial que Juan Ignacio Zoido firmó el 12 de marzo de 2018 con cuatro sindicatos de Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) establecía que el estudio que se encargaría a una consultora externa para disponer de criterios objetivos de análisis sobre la cantidad realmente necesaria para garantizar la equiparación salarial tendría que contar con la “participación” de los representantes de los agentes. Esa colaboración no ha sido tenida en cuenta.

Piden que se investigue si Interior ordenó a Ernst&Young que el informe clave sobre la equiparación se ciñera a los 807 millones ya comprometidos

“Estas presuntas presiones constituirían un hecho de gravedad extrema, dado que afectarían a derechos de relevancia constitucional y de carácter profesional de los guardias civiles y de los policías, que se verían afectados sin excepción por la naturaleza de los trabajos de la consultora y de los fines que se pretenden conseguir a través de los mismos, que no son otros que la plena y total equiparación salarial de aquéllos con los miembros de los Cuerpos de Policía autonómicos”, añade.

Las asociaciones denunciantes piden que, “para evitar la desaparición de elementos probatorios” y que la investigación “no pueda verse perjudicada”, el juzgado madrileño en el que por reparto recaiga el procedimiento ordene la práctica de diversas pruebas testificales y documentales “de forma urgente e inmediata”.

Así, los denunciantes reclaman que se tome declaración en calidad de testigos a los técnicos de Ernst&Young que han realizado los trabajos y a Alicia de las Heras, vocal representante del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha participado en las reuniones de seguimiento junto al director de gabinete (Pau López Ramos) y al máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios (el comisario de Policía José Antonio Rodríguez Lenin). También solicitan que se cite a este redactor por las informaciones publicadas, en las que se basa la denuncia.

Testigos y documentos

Las asociaciones profesionales, igualmente, instan al juez a reclamar a Ernst&Young “todos y cada uno de los documentos, informes… que hayan elaborado en relación con el contrato de los servicios de consultoría para el análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento de la implementación del Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil”. El encargo se formalizó con esta multinacional, una de las siete firmas que presentaron propuesta.

La no entrega de los trabajos de la consultora permiten pensar que las presuntas presiones han podido surtir efecto”, dicen los denunciantes

Hasta el momento, los representantes de los policías y los guardias civiles no han logrado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska les dé copia ni del informe definitivo que la número dos de Interior, Ana Botella, ha reconocido que recibieron el pasado 27 de febrero ni de los avances provisionales detallados que establecía el pliego de condiciones que reguló el procedimiento de contratación.

Así, la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil “dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato” y, dentro de las 12 primeras semanas, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en la Policía de la Generalitat de Cataluña.

Ernst&Young quedaba también obligada a aportar dentro de las primeras 16 semanas un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones en dos meses, así como “la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta”.

La opacidad de Interior ha llevado a sindicatos y asociaciones a solicitar los informes a través del Portal de la Transparencia, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta. Tampoco han tenido éxito cuando se han dirigido a la consultora, que les ha remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer cualquier información relativa al trabajo realizado.

Frente para Marlaska en vísperas del 28-A

La ejecución del acuerdo de equiparación salarial, heredado del Gobierno de Rajoy, se ha convertido en un inesperado frente para Grande-Marlaska en vísperas del inicio de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. El titular de Interior es uno de los actuales ministros de Pedro Sánchez que tiene virtualmente garantizado el escaño en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura al encabezar la lista del PSOE por Cádiz.

De momento, no ha trascendido si los sindicatos de la Policía Nacional presentarán también denuncia en los tribunales contra los responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad encargados del seguimiento del acuerdo de equiparación. La número dos de Interior mantuvo una reunión el pasado viernes con los representantes de los agentes, en la que descalificó el trabajo presentado por Ernst&Young y dijo que no permitirán la difusión de “noticias falsas” sobre la equiparación.