“Engañados” y “defraudados”: guardias civiles estallan contra Marlaska por la equiparación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil.

“Engañados” y “defraudados”. La petición de dictamen por parte del Ministerio del Interior al Consejo de Estado para que determine si le “vincula jurídicamente” el acuerdo de equiparación salarial suscrito hace un año por el Gobierno del PP ha hecho estallar a guardias civiles y policías nacionales, que piden a Fernando Grande-Marlaska que “dé la cara” y asuma “las riendas de este escándalo”.

Como ha desvelado este jueves El Independiente, Interior quiere saber cómo le condiciona dos de las cláusulas contenidas en dicho texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2018. En la primera se detalla el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de contratar los servicios de una consultoría externa a fin de fijar “criterios objetivos de análisis” que garanticen si los 807 millones prometidos suponen la equiparación salarial “total y absoluta” o por el contrario hay que recalcular la cantidad, mientras que en la octava se expresa la voluntad de impulsar “las medidas legislativas que sean necesarias” para asegurar que la disfunción salarial no vuelva a registrarse en el futuro.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el Cuerpo, ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que el departamento que dirige Grande-Marlaska se haya dirigido al supremo órgano consultivo del Gobierno para conocer su parecer sobre el compromiso jurídico que supone dicho acuerdo y se les haya ocultado. Es por ello por lo que esta organización ha presentado este mismo jueves un escrito ante el Consejo de Estado para conocer si Interior “le ha preguntado por su obligación de hacer públicos los trabajos de la consultora.

El ministro participó la pasada semana en el pleno del Consejo de la Guardia Civil y “ocultó” esta gestión, realizada el pasado 4 de marzo. “Es un dato trascendental por la evidente intencionalidad que subyacería tras la supuesta petición del informe al Consejo de Estado, lo que sumado a los incumplimientos anteriores llevados a cabo por el Ministro como el nuevo y arbitrario reparto de cantidades entre la Guardia Civil y la Policía y la falta de participación de las asociaciones en la elaboración del mismo hacen que nuestra confianza en este equipo de gobierno esté quebrada y nos sintamos engañados y defraudados”, denuncia.

Policías nacionales acusan a Interior de “torpedear” el acuerdo para recortar la brecha salarial y piden a Marlaska que “dé la cara”

En el comunicado, la AUGC considera que Interior está “faltando a la verdad” a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y a los sindicatos policiales. Primero, negando que hubiera recibido el informe encargado a una consultora externa cuando disponía del documento desde un día antes y, después, oponiéndose a entregarle a los representantes de los agentes una copia de las conclusiones. Este trabajo es fundamental para determinar si los 807 millones de euros comprometidos para el periodo 2018-2020 es suficiente o si, tras analizar las retribuciones y los puestos en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, es necesario recalcular la cantidad inicial y desembolsar más dinero.

“De confirmarse las maniobras del Gobierno para eludir un compromiso firmado y publicado en el BOE, y a la espera de la audiencia con el Consejo de Estado, desde AUGC aseguramos que no nos quedaremos sentados ante esta situación de tintes predemocráticos, y contra la que movilizaremos todos nuestros recursos en defensa de los derechos de miles de trabajadores y sus familias”, advierte.

El “grado de compromiso” del Gobierno

Esta asociación cuestiona abiertamente el “grado de compromiso” del Ejecutivo de Pedro Sánchez para acabar con la brecha que separa los salarios de los policías y guardias civiles con los de los Mossos y se pregunta “cuál sería el escenario” que se registraría hoy si no se hubiera llegado a la firma de este “histórico acuerdo”.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) acusa directamente a Interior de “torpedear” la equiparación salarial al arrojar dudas sobre el grado de vinculación de los compromisos adoptados por su antecesor en el cargo -el popular Juan Ignacio Zoido- y considera que Grande-Marlaska “no puede ocultarse más tiempo” y “debe dar la cara”.

“Tiene que asumir las riendas de este escándalo y apartar a quienes, desde su departamento, están embarcados en una huida hacia adelante. La chapuza no puede ser marca de la casa de su Ministerio y, en el caso del informe de la consultora, la falta de respeto a los policías nacionales está empezando a entrar en la esfera de la provocación”, sostiene este sindicato, el segundo por número de afiliados en el Cuerpo Nacional. Y añade: “¿Actúa el ministro por su cuenta para romper el clima laboral en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, por el contrario, va a tener la valentía de poner fin a esta sucesión de provocaciones?”.

Medidas judiciales

La CEP anuncia que va a dar “un paso más” y en los próximos días adoptarán medidas judiciales para “exigir el acceso al informe de la consultora sobre la equiparación”. De momento, el Ministerio de Interior se niega a revelar su contenido, lo que ha llegado a sindicatos y asociaciones profesionales a requerirlo a través del Portal de la Transparencia.

De momento, seis de las ocho asociaciones profesionales de la Guardia Civil han interpuesto este miércoles denuncia ante los tribunales para que se investiguen las “presuntas presiones” ejercidas por altos cargos del Ministerio del Interior sobre la consultora externa contratada para elaborar el informe clave sobre la equiparación salarial.

Pensamos que la publicación en el BOE es un aval más que suficiente para que el acuerdo sea vinculantes”, sostiene el SUP

“Tenemos derecho a conocer cuál es su contenido y si fue modificado (y en este caso, en qué sentido y por orden de quién). Y en cuanto tengamos la documentación necesaria, la difundiremos a nuestros afiliados y al resto de firmantes del Acuerdo para que conozcan su contenido: transparencia total”, añade.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha informado de que va a remitir una carta a Grande-Marlasla para que confirme si han pedido el citado dictamen al Consejo de Estado y que se pronuncie sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez “va a cumplir con el último tramo”, que se abonará en 2020.

“No vamos a permitir que ni éste ni ningún otro gobierno no cumple el acuerdo de equiparación salarial y, quien lo haga, va a tener enfrente al SUP. Pensamos que la publicación en el BOE es un aval más que suficiente para que los compromisos sean vinculantes”, ha declarado a este diario la secretaria general del SUP, Mónica Gracia.