Las defensas cuestionan la “imparcialidad” del tribunal que juzga el ‘procés’

Juicio al 'procés': Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Oriol Junqueras, en el banquillo de los acusados.

Pasadas las 10.23 horas ha comenzado en el majestuoso Salón de Plenos del Tribunal Supremo el juicio a los líderes del procés. En el banquillo de los acusados se han sentado los presos preventivos el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, y los ex miembros del Govern Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, en libertad.

Tan sólo Jordi Sánchez exhibe el lazo amarillo como símbolo de protesta por la privación de libertad que padece. En la sala de vistas también lució el lazo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se ha desplazado a Madrid para mostrar su apoyo a los líderes encausados. También ha estado en el Salón de Plenos la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet.

El primero en intervenir ante el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena fue el abogado de Junqueras Y Romeva, Andreu Van der Eyden, quien alegó vulneración flagrante de derechos fundamentales en una extensa exposición donde señaló estamos ante un “juicio excepcional” y “político”.

“En este procedimiento se han restringido todos los derechos de la Constitución. Me cuesta encontrar qué derecho no se han restringido”, señaló en letrado de ERC. “Estoy diciendo restricciones, no violaciones, del derecho a la libertad, inviolabilidad del domicilio, secretos de las comunicación, libertad de expresión, reunión y manifestación, libertad ideológico, libertad de culto, etc. ¡Hasta la libertad de culto se ha violado porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión!”, remachó.

“Causa general al independentismo”

El letrado, que hizo un alegato claramente político durante sus 84 minutos de intervención, sostuvo que “lo que hacen los catalanes es protestar y lo hacemos porque estamos políticamente excluidos de determinados derechos”. Asimismo, el letrado Andreu van der Eyden afirmó que con el procés se ha creado “una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán, que procede del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona”.

Por su parte, la defensa de Josep Rull y Jordi Sànchez, ejercida por el letrado Jordi Pina, ha sacado a relucir el guasap del senador del PP Ignacio Cosidó que dinamitó el acuerdo entre el Gobierno y la formación conservadora para renovar el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ). Esta parte argumentó que los acusados no tienen “tampoco” culpa de que “un senador del PP diga que va a controlar la Sala Segunda desde atrás”.

El abogado ha invocado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la “apariencia de imparcialidad” de los magistrados que componen el tribunal. En concreto, la defensa de Rull y Sánchez ha invocado la reciente condena que recibió España por no someter al ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi a un “juicio justo”.

“Tengo la sensación de que los magistrados que están aquí tienen el deber de defender la unidad de España. Yo les pido que hagan de jueces no de salvadores de la patria”, sostuvo Pina, que denunció a su vez la contaminación de cuatro miembros del tribunal que formaron parte de la Sala de Admisión de la querella del procés.

Felipe VI y Puigdemont

Este letrado volvió a defender la necesidad de que declare en el juicio Felipe VI, en contra del criterio que mantiene el tribunal. Lo justificó con el argumento de que, igual que el Ministerio Fiscal “ha utilizado” el discurso que el jefe del Estado dirigió a la nación el 3-O, es “razonable” que los procesados puedan interrogar al Rey “por lo que dijo y por lo que no dijo aquel día”.

En paralelo, también pidió al tribunal que acceda a que testifique Carles Puigdemont, instalado en Waterloo (Bélgica) tras fugarse de la Justicia española. El letrado ha expuesto que el Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona ha autorizado al ex presidente de la Generalitat a declarar por videoconferencia en un procedimiento que dirige por coacciones, motivo por el que no ve razones jurídicas que impidan que Puigdemont pueda también ser interrogado en esta vista oral.

Por su parte, la abogada de Jordi Turull, Ana Bernaola, ha pedido que se suspendan los interrogatorios de los procesados hasta que se resuelvan recursos pendientes, al tiempo que se queja de que las defensas no hayan podido acceder a la totalidad de las actuaciones.

Entre tanto, la defensa de Joquim Forn –al frente de la Consellería de Interior el 1-O– ha planteado al tribunal que acuerde la acumulación a la causa que se juzga en el Tribunal Supremo contra 12 dirigentes independentistas el procedimiento que ha instruido la Audiencia Nacional contra altos mandos de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el ex mayor Josep Lluís Trapero. El abogado Xabier Melero, que ha hecho un alegato puramente técnico, ha defendido la pertinencia de la aunar los procedimientos con el argumento de que así se evitaría generar un “artefacto procesal inmanejable” y le permitiría conocer el “espectro de conductas y decisiones” que la Policía de la Generalitat adoptó con motivo de la consulta secesionista.

Entre sus cuestiones previas, el letrado también ha solicitado la testifical de Juan Ignacio Zoido, responsable político de la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando tuvo lugar el referéndum independentista por su condición de ministro del Interior. Melero juzga “imprescindible” la declaración de Zoido, que en su comparecencia en la comisión de Interior del Senado el 18 de enero de 2018 denunció la “absoluta pasividad” que tuvieron los Mossos a la hora de hacer cumplir las instrucciones que en los días previos habían dictado jueces y fiscales para impedir la consulta.