Jóvenes y familia militar, víctimas de la brutal represión de Maduro

Efectivos de la Fuerza de Acción Especial (FAES) en Caracas.

Jamás se habría imaginado Carla que tener un primo sargento de la Guardia Nacional Bolivariana le iba a conducir al infierno. Harry Solano es uno de los 24 sublevados en el cuartel de Cotiza, el 21 de enero, en Caracas, dos días antes de la jura de Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela.

Fracasaron y fueron arrestados. Sus vecinos, gente humilde que antes temía a los colectivos (grupos paramilitares) o a perder las ayudas del chavismo, salieron a las calles a solidarizarse con los uniformados.

El sargento Solano escapó, y otros 15 de sus compañeros están presos en Ramo Verde. Carla ha pagado con torturas la osadía del sargento Solano y sus compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Está tan afectada que solo ha relatado su calvario a los abogados de Foro Penal.

“Como no pudieron localizar al sargento, detuvieron a varios miembros de su familia, entre ellos a Carla, de 19 años, su novio, y dos señoras mayores, una de ellas de 73 años. Carla padeció torturas y abusos sexuales durante la semana que estuvo arrestada”, nos cuenta Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, desde Caracas.

Esta ONG venezolana, que actúa bajo el nombre de Foro Penal desde 2005, se ocupa de dar asistencia jurídica a las familias de los desaparecidos y presos políticos. Es donde pueden acudir los parientes de los perseguidos cuando caen en un agujero negro y nadie sabe dónde paran.

Investigan, averiguan dónde se encuentran y cuáles son las acusaciones contra ellos, y les procuran defensa. “Si no hiciéramos este trabajo, nadie lo sabrá. Con nombre y apellidos son muchos más”, añade.

El peor enero en dos décadas

Romero, que lleva 18 años en esta misión, confiesa: “Ahora estamos desbordados. Nunca antes hubo tantos presos políticos, y aclaro que no son políticos presos, que ahora hay apenas dos, Juan Requesens y Leopoldo López. Es gente a la que encierran por pasar un whapp en apoyo a una protesta o por asistir a una manifestación”.  Cuentan con 5.000 activistas y buscan más.

Muchos dirigentes dirigentes políticos se han exiliado, como el alcalde metropolitano de Caracas, el alcalde Ledezma en España, o bien Tomás Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, en Colombia. En la embajada chilena en Caracas está Freddy Guevara, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Entre el 21 de enero y el 31 de enero Foro Penal ha registrado 988 arrestos, 700 de ellos siguen en prisión. En total, hay ahora en Venezuela 966 presos políticos.

El 23 de enero fue el día en el que hubo más detenciones en los 20 años de chavismo: 632 en una sola jornada. Fue el día en que Juan Guaidó convocó a una gran manifestación en todo el país y retó a Nicolás Maduro al jurar como presidente “encargado”.

Durante el acto todo parecía transcurrir en paz. Pero ese 23 de enero las detenciones se multiplicaron, incluso de menores de edad. Hubo 132 menores, de los que quedan una decena entre rejas. Alguno de los niños era discapacitado. Obligaron a los jueces de instrucción a retenerles, aunque suponía una vulneración de sus derechos básicos.

Presos jóvenes como Vincent

Pero la mayoría de los que aún no han salido y que tiene localizados Foro Penal son jóvenes, entre 18 y 23 años, procedentes de zonas humildes, como Catia o el Petare, y un centenar son parientes de militares.

Vicent José Arcas Roldán.

Vicent José Arcas Roldán. K.A.R.

A Vicent José Arcas Roldán, de 23 años, estudiante de dibujo técnico en el Pedagógico de Caracas, le hicieron desaparecer el 23 de enero. Estaba en el lugar equivocado en el momento menos oportuno.

Le interceptaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cerca del Puente de los Leones. Le acusan de “obstaculizar las vías, instigación, hostigamiento y resistencia a la autoridad”.

“Es injusto. Es una decisión política y están pagando inocentes esta represión”, relata su hermana Katherine, con quien hablamos con dificultades debido a los cortes de luz en Caracas. Primero estuvo con militares que eran más flexibles y podía recibir cartas. Ahora no porque han cambiado a quienes están a cargo.

Las familias pasan por un calvario cuando desaparece uno de los suyos. Nadie les cuenta lo que ha pasado con su pariente. “Lo habitual es la incomunicación”, afirma Alfredo Romero.

Muchos de los parientes, con escasos recursos, acuden aterrados a Foro Penal para que les ayuden a encontrar al que falta. Los detenidos pueden ser muchos más de los que contabilzan, ya que las dificultades de identificación y localización son enormes.

“Luego cobran a los familiares por permitirles las visitas o ingresar agua y alimentos”, añade Romero. Si precisan medicación o bien una dieta especial, es la familia la que ha de llevarla a la prisión y confiar en que su pariente la recibe. Desde Foro Penal también les ayudan a conseguir viandas e insumos.

Desde que Maduro asumió el poder a la muerte de Chávez en marzo de 2013, 14.000 venezolanos han pasado por la cárcel en algún momento. El régimen utiliza la prisión como una puerta giratoria, libera a unos, captura a otros, siempre con el objetivo de sembrar el miedo y desactivar cualquier tipo de contestación.

Otra forma de extorsionar a los venezolanos, sobre todo a los más humildes, es no proporcionar las bolsas Clap con bienes básicos a quienes participan en protestas o a parientes de quienes resultan incómodos. En una población con un salario mínimo equivalente a ocho euros mensuales quitarles esos alimentos y productos supone condenarlos al hambre y la miseria.

Ahora más del 99% de los presos son de clase humilde. Antes los ‘colectivos’ controlaban y los frenaban”, señala Romero

Ahora más del 99% de los presos son de clase humilde. Las detenciones ocurren en zonas pobres, antes los arrestos tenían lugar en zonas de clase media, aunque había alguna gente humilde también allí. Los barrios humildes estaban controlados por colectivos y por eso había menos protestas”, explica el presidente de Foro Penal.

Sin embargo, las condiciones de vida se han deteriorado tanto que por perder han perdido hasta el miedo. Saben que no se trata de lo que uno haga o no haga. Basta con ser pariente de un soldado que está en un grupo de whapp afines a Guaidó. Reina la impunidad.

FAES, los ‘verdugos’ de Maduro

Para reprimir esta oleada de protestas el régimen ha puesto en acción a la Fuerza de Acción Especial (FAES), creada por Maduro en el verano de 2017 para combatir el terrorismo.

La FAES actúa como una unidad de combate. Ocupa una zona como si fuera un territorio hostil y va a la caza del “enemigo”. Nadie les va a pedir cuentas.

A Roberth lo emboscó el FAES, un grupo de élite que actúa con una lógica de guerra”, cuenta Patiño

Así murió Roberth Cabello, ese 23 de enero horas después de la jura de Guaidó cerca de su vivienda en Los Frailes de Catia. Lo relata con detalle Carlos Patiño, coordinador de Provea (Programa Venezolano Acción en Derechos Humanos), ONG creada en 1988 con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Roberth es uno de los ocho ejecutados extrajudicialmente en esos fatídicos días de enero por la FAES.

A Patiño le llega la historia de Roberth a través del párroco de la iglesia San José Obrero, donde fue monaguillo. Quería emigrar a Argentina en mayo, casarse con Yuraima, su novia, y tener un hijo. No veía futuro en Venezuela para su hijo. Había retrasado su salida porque su madre padece Alzheimer.

La FAES actúa “con una lógica de guerra”. Solo su nombre hace temblar a los venezolanos más desprotegidos. Los conocen como “los verdugos de Maduro”.

Un grupo de vecinos salió a manifestarse en el barrio y allí fueron emboscados por las fuerzas de FAES. Los colectivos les arrinconaron por un lado y los efectivos de FAES motorizados por otro. Disparaban sin contemplación.

Roberth cayó herido de bala y falleció en el hospital en la madrugada del 24 de enero. Para poder enterrar a Roberth, asesinado con apenas 33 años, su familia tuvo que firmar que había muerto en “un acto de terrorismo”.

“A diferencia de las manifestaciones de 2017, en este caso son las zonas populares las que han focalizado las protestas. Han reprimido de forma brutal en estos sectores por las noches, especialmente. Allí falta agua, luz, gas, servicios públicos… ya no pueden más”, explica Patiño desde las oficinas de Provea en Caracas.

Provea ha realizado un informe sobre la actuación de esta Fuerza de Acción Especial, que en 2018 fue responsable de 205 asesinatos. “Fue creado para combatir el crimen y el terrorismo: entendiéndose que para la dictadura la palabra terrorismo es sinónimo de protesta, reclamo a la gestión pública o gestión política”, afirma el coordinador de Provea.

En Provea han elaborado un kit sobre lo que hay que hacer en caso de detención, que difunden en su web y en redes.

A pesar de esta brutal represión, las manifestaciones continúan. Según el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictos, en enero hubo 86 protestas diarias,en total 2.573. En 2017, el último año caliente en las calles de Venezuela, hubo 56 diarias.

Los llamamientos a la movilización de momento están dinamizando a un pueblo que ya había perdido la esperanza. “No nos vamos a rendir”, decía Juan Requesens, el diputado al que Maduro acusa de estar relacionado con el golpe de agosto pasado.

“No nos vamos a rendir”, repite Juan Guaidó, presidente interino reconocido ya por más de 60 países, entre ellos España y 20 países de la UE.

Guaidó ha advertido que quienes ahora están realizando estas violaciones de los Derechos Humanos no podrán acogerse a la Ley de Amnistía. “Amnistía sí, impunidad nunca”, reitera. Será un alivio para quienes han sacrificado tanto por apoyar el rumbo hacia la democracia.

Cuando más débil se vea el régimen, mayor será la represión… Con Maduro no hay salida”, dice Patiño

Carlos Patiño cree que el régimen nunca ha estado tan en la cuerda floja. “Cuanto más débil se vea, mayor será la represión que ejerza sobre la población. Pero todos saben que con Maduro no hay salida, que cada vez irá a peor”.

Así lo creen José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pernalete, muerto a los 20 años en las protestas de 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional Bolivariana. Continúan reclamando justicia, que se investigue qué pasó y quiénes son los culpables.

Ahora han vuelto a manifestarse para que Venezuela sea el país en libertad por el que su hijo dio la vida. “No íbamos a ir el 23 pero sentí que Juan nos pedía que lo hiciéramos. Y volvimos el 2 de febrero. Y seguiremos en las calles”. Con la esperanza de que quienes mataron a su hijo paguen por su crimen. Pese a esta represión brutal, el 12 de febrero los venezolanos vuelven a movilizarse.