Escándalo en Justicia: opositores acusan a Gobierno y sindicatos de regalar plazas a interinos

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Es una batalla que no termina. Si durante el último año ha habido un movimiento de presión por parte del colectivo de los interinos de la Administración que ha llegado hasta la Audiencia Nacional -para tratar de que el Gobierno les reconozca al menos su antigüedad a la hora de optar a una plaza en el marco del proceso de consolidación de plantillas que debe culminar el año que viene-, son ahora los opositores de Justicia los que acusan al Ejecutivo, de la mano de los sindicatos, de prácticamente ‘regalar’ unas 1.200 plazas en las próximas convocatorias.

Se trata de un proceso en el que aparentemente no habrá una solución buena. Y es que, cabe recordar que, después de años en los que la Administración se ha nutrido de personal interino en plena congelación de plantillas por la austeridad impuesta durante la crisis, diversas sentencias judiciales y la propia UE urgieron al Gobierno a reducir drásticamente los niveles de temporalidad e interinidad en el sector público.

De resultas, en marzo del año 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos firmaron un acuerdo para reducir en tres años la ratio de temporalidad de la Administración al 8%. Fue entonces cuando los interinos estallaron. Las partes acordaron que el acceso se produjera a través de procesos de concurso-oposición, lo que obligaba a interinos que llevaban incluso más de 10 años en un puesto a pasar un proceso de selección en aparente igualdad de condiciones con el resto de candidatos. Por este motivo, se extendió la idea de que se trataba de un expediente de regulación encubierto en la Administración.

Hasta ahora, los tribunales han suscrito lo firmado por Gobierno y sindicatos –CCOO, UGT, STAJ, CSI-F–. Sin embargo, este formato de concurso-oposición ha desatado ahora las iras de los opositores de Justicia que parten de cero frente a los interinos.

Se han organizado en torno a la Asociación por los Derechos de los Opositores de la Administración de Justicia (ADOAJ), suman más de 8.000 apoyos en una petición colgada en Change.org y advierten de entrada que las bases que se publiquen pueden se pueden impugnar.

¿Por qué este escándalo?

Según explica Gema, de 27 años, que estudia para sacarse una plaza de tratamiento procesal y auxilio judicial, las convocatorias de plazas para Justicia siempre se han llevado a cabo anualmente en formato de oposición (básicamente pruebas de conocimientos), eso sí, con una convocatoria extraordinaria cada 10 años como concurso-oposición, en la que los exámenes ‘pesaban’ el 80% y la parte correspondiente a méritos un 20%.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia y los sindicatos alcanzaron la pasada semana un acuerdo para convocar unas 12.000 plazas en dos convocatorias hasta 2019, según precisa CCOO. Es en este proceso en el que se concentran las críticas.

Además, se convocará un oferta extraordinaria de promoción interna que, acumulada a la de la oferta de empleo público de 2019, supondrá la convocatoria de un 60% de las plazas que se convoquen por el turno libre.

Lo que denuncian los opositores es que al introducir para todas las convocatorias el procedimiento de concurso-oposición, se abre la puerta a que los interinos puedan hacer valer sus méritos en la segunda fase, la de concurso, en lugar de jugársela a una carta, como todos los candidatos, en un proceso de oposiciones puras.

Pero, al margen de esto, lo que más indigna a estos opositores es que la puntuación requerida para los primeros exámenes es tan baja, que ese paso de los interinos a la fase de concurso se hace más fácil.

Gema que sacó puntuaciones de hasta 83 puntos en exámenes anteriores en los que, a pesar de ello, no pasó el corte del primer examen (tipo text) se indigna al ver que ahora la puntuación de corte del primer examen será del 60% sea cual sea el nivel de la convocatoria. Además la puntuación máxima total de la fase de oposición no podrá superar el 60% de la puntuación máxima posible  la de la fase de concurso no podrá superar el 40%. Es decir, se da más margen a los méritos.

Esto quiere decir que, es cierto que Gema ahora pasaría el corte muy sobrada, pero también aquellos que pudieran sacar mucha peor nota. Desde ADEAJ creen que ese porcentaje debería quedar reducido incluso al 10%.

Y es cierto que el Gobierno ha impuesto a los sindicatos que solo podrán pasar ese corte 10 personas por plaza, pero los opositores críticos aseguran que eso ya supone un coladero –creen que no deberían superarse las cuatro personas por plaza– y que, en conjunto, todo desemboca en que lo acordado más bien parece una alfombra roja para que muchos interinos puedan pasar los primeros filtros hasta llegar a la segunda fase, la de concurso, donde tienen mayores fortalezas.

¿Qué pasa entonces?

Porque en esa segunda fase se valorarán los méritos de experiencia previa como personal interino o sustituto, la superación de ejercicios de las dos anteriores convocatorias, las titulaciones de diplomatura, licenciatura o grado universitarios (y el doctorado en derecho para Letrados y en su especialidad para cuerpos especiales del INT) y la formación homologada, una formación en la que, de nuevo, los opositores tienen difícil acceso, según denuncian, al reservarse en muchos casos para personal que ya está dentro de la Administración.

Además, entre todos los méritos previstos y siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, el Gobierno prevé dar mayor peso a la experiencia dentro de la Justicia.

Según Gemma, tal y como está planteado el sistema pactado, favorece a los trabajadores interinos de la Justicia. Y se defiende: ” No se puede regalar una plaza. Hay quien lleva años opositando”, a lo que añade, que es cierto que también hay personas que llevan años con plazas interinas, pero recuerda que “podían haber estudiado para sacarse una plaza”.

Aitor, de 32 años, lleva preparándose las oposiciones desde 2016 y ha pensado en dejarlo. En su día sacó una nota del 70% y no logró plaza. Cree que es cierto que muchos interinos estudiarán menos, porque se sienten “cómodos” en sus plazas, y creen que les llamarán para cubrir ese 8% de temporalidad que aún se mantendrá.

No obstante, denuncia que, tras años preparándose para unas oposiciones, se hayan cambiado “las reglas del juego” y se haya establecido un proceso de concurso-oposición con el que no contaba cada día que ha ido a la academia.

Finalmente, Alberto, que “hay gente que lleva de interina desde finales del siglo pasado y que en todo ese tiempo no ha podido o no ha querido presentarse, que ha preferido acomodarse en una plaza que no es suya, ¿y ahora quieren dársela con la ley del mínimo esfuerzo frente a decenas de miles de opositores en toda España que llevamos años de esfuerzo y sacrificio? Europa ha dicho que hay que bajar las tasas de interinos al 8% (los sindicatos quieren al 6%), pero no ha dicho que tenga que hacerse ‘regalando’ las plazas a los actuales interinos”.

Los sindicatos se defienden

El sindicato CSI-F asegura que mostró su rechazo ante el Ministerio a la hora de fijar una nota de corte predeterminada, puesto que desvirtuaba la que habitualmente establecen los propios opositores dependiendo del nivel de los candidatos.

El sindicato explica que el Ministerio justifica su inclusión en el acuerdo al amparo de los datos de los últimos procesos, donde tomando esta ratio la nota de corte estaría en un 60% de la nota máxima posible.

Por su parte, en UGT argumentan que los criterios pactados son más transparentes, aunque admiten que, si es verdad que en otras ocasiones la fase de concurso suponía el 30% o menos del total de la puntuación, lo cierto es “no había un proceso de estabilización” de por medio.

En cualquier caso, desde CCOO defienden que al tratarse de una convocatoria de plazas tan amplia, “todo el mundo sale beneficiado” y achaca las críticas de los opositores no interinos a “malentendidos”.

Otro argumento generalizado es que los interinos, por lo general, estudian menos, porque tiene menos tiempo disponible, y además llegan a los exámenes con los ‘vicios’ de haber trabajado años en la Administración, lo que les penaliza.

Pero los opositores consultados replican que ellos también deben sacar tiempo más allá de sus trabajos actuales y no tienen, en cambio, ninguna experiencia que demostrar. Ellos también ha oído hablar del supuesto ERE encubierto, pero como recuerdan también llevan años esperando una oportunidad.