El Gobierno aprueba medidas para proteger a la gran industria de las subidas de la luz

El Gobierno ha anunciado este viernes una batería de medidas para proteger a las empresas de los vaivenes de los precios de la luz. Los planes del Ejecutivo, anunciados tras el Consejo de Ministros por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tienen como objetivo ayudar a las empresas denominadas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

Las medidas del Gobierno se enmarcan en el real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta de Maroto junta la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La decisión del Ejecutivo se produce después de la polémica creada por el anuncio de cierre de las plantas de Alcoa en las localidades de Avilés y A Coruña, en las que están empleados casi 700 trabajadores, y que la multinacional industrial achacó a los altos precios de la energía. Desde entonces, han sido varias las empresas de sectores como la industria y el comercio que han exigido medidas que suavicen el impacto que los precios de la luz tienen sobre su competitividad.

El Gobierno permitirá la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, para facilitar una reducción de costes

En su intervención Maroto ha señalado que las medidas acordadas por el Gobierno “representan un apoyo a la competitividad de una industria que crea valor y riqueza”. Así, el objetivo de estas medidas es conseguir una disminución de los costes energéticos para los consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación el sistema y los mercados de electricidad.

Además, el Gobierno procederá a prorrogar la vida útil de las instalaciones de cogeneración, que benefician especialmente a la industria.

En concreto, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

Asimismo, la normativa establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de estas redes, y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

Estatuto del consumidor electrointensivo

Además, el real decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

Para estas, empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, y con este estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado, señala el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado.

El Estatuto del consumidor electrointensivo tendrá que estar listo en un plazo de seis meses

Así, la creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores a escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

Por otra parte, también se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años.

Compromiso de continuidad

Maroto también ha explicado que las ayudas estatales a las empresas industriales conllevarán a partir de ahora un compromiso de continuidad de 3 años y de mantenimiento del 85% de la plantilla en caso de despido colectivo.

Esta medida ha sido incluida entre las comprendidas en el decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno con el fin de impulsar a la industria española, según ha explicado Maroto en rueda de prensa en La Moncloa tras la reunión ordinaria semanal del Consejo de Ministros.

Las ayudas a empresas industriales conllevarán un compromiso de continuidad de tres años y de mantener el 85% de las plantilla

El compromiso de continuidad será ya aplicable a las subvenciones de compensación de costes de dióxido de carbono (CO2) que se van a pagar este mes, antes de que acabe el año. Las empresas que se beneficien de esas u otras ayudas estarán obligadas a mantener la actividad productiva durante al menos un período de tres años y a mantener el 85% de la plantilla en caso de despido colectivo, ha explicado la ministra.

“Que haya un compromiso de continuidad para evitar casos de cierres de empresas que, una vez que ha pasado el periodo de devolución de los dineros, deciden irse; todos les ponemos nombre a estas empresas”, ha añadido Maroto.

Según la ministra, “es positivo que también la empresa se arraigue con el territorio, y que ayude al Gobierno para que cualquier ayuda no solo sea para el desarrollo de su actividad productiva sino también para generar empleo y, sobre todo, la continuidad”.