El Gobierno vasco sobre el TC: “Tiene un interés notable en echar tierra sobre casos de abusos policiales”

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, durante su comparecencia hoy en Vitoria.

El Gobierno vasco ha acusado hoy al Tribunal Constitucional de mostrar un “interés notable” en “echar tierra” sobre posibles casos de abuso policial o torturas registrado en “la historia reciente de España” remitiendo su investigación exclusivamente a los tribunales. El Ejecutivo tilda de “paradójico” que se limite la capacidad para esclarecer lo sucedido a un “poder judicial que durante años se ha negado a hacer esas investigaciones” y que hasta en ocho ocasiones ha sido condenado por ello por el Tribunal Europeo de derecho Humanos.

El portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se ha referido de este modo a la decisión del Alto Tribunal de anular gran parte de la ley navarra de reparación de víctimas de actos violentos de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos al considerar que invade “competencias judiciales”.  En la sentencia del TC, que contó con cuatro votos particulares, se apuntaba que si bien el reconocimiento y reparación de las víctimas no merece reproche alguno sí lo plantea cuando se habla de aspirar a “fijar la verdad de lo sucedido”, aspecto que compete en exclusiva a la Justicia.

Erkoreka ha asegurado hoy que la sentencia contra la norma navarra no afecta a la ley vasca de abusos policiales, cuyo recurso de inconstitucionalidad retirará este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo vasco para retocar varios de sus artículos y “despejar dudas” sobre su inconstitucionalidad. El portavoz del Gobierno de Urkullu ha asegurado que resulta llamativa la “insistencia” del TC en su resolución en que este tipo de posibles delitos se remitan casi en exclusiva “al ámbito judicial”: “Cuando todo el mundo sabe que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en ocho ocasiones al Estado español por no investigar denuncias de torturas que debía haber investigado”, ha señalado el portavoz vasco.

“Algo anómalo”

Por todo ello, Erkoreka considera que leyes como la aprobada por el Gobierno vasco para reparar a víctimas de excesos policiales durante el franquismo y los primeros años de la democracia “viene a cubrir una laguna” reconocida incluso por la “legislación internacional”. Ha señalado que la no investigacion de este tipo de delitos, “es algo anómalo” que incluso tribunales como el europeo han cuestionado.

Ha indicado que esta cuestión no sólo no se ha indagado suficientemente por los tribunales sino que incluso algunos de los responsables de tales hechos “hoy se jactan de haberlos cometido”, ha asegurado en referencia al caso del ex subteniente de la Guardia Civil, Manuel Pastrana. El agente ha publicado un libro, En el nombre de la guerra sucia, en el que relata su experiencia a comienzos de los años 70 en Irún como agente de la lucha contra ETA. En una reciente entrevista en TV3 Pastrana llegó a reconocer torturas y afirmó que  “los vascos, por lo general son blandos, cuando se les toca un poquito, cantan, no son muy duros. Son gente noble. Entre los etarras había mucho borono y gente muy lista, pero cantaban”.

Respecto a la incidencia que la sentencia que anula gran parte de la ley navarra pueda tener en la norma vasca, Erkoreka ha asegurado que confía en que ninguna. Pese a que el Gobierno del PSOE desistirá de continuar con el recurso que contra ella presentó el PP ante el TC, al Alto Tribunal aún podría continuar con él y cuestionar la ley. Erkoreka ha asegurado que tras el análisis que ambos Gobiernos, el central y el vasco, han hecho de la ley que ahora se modificará consideran que no tendrá consecuencia alguna sobre la norma vasca. Subraya que mientras la ley navarra sí incidía en aspectos de indagación y esclarecimiento de la verdad y los hechos ante posibles denuncias, no es así en la ley vasca, “donde el énfasis se mantiene en el reconocimiento y reparación de las víctimas”.

La norma vasca está recurrida en parte por varios sindicatos policiales y de  víctimas del terrorismo. Cuestionan la conformación de la comisión de valoración que ya se ha constituido y que será la encargada de reconocer víctimas de abusos policiales ocurridas entre 1978 y 1999.