Trabajo suprimirá ayudas al empleo ineficaces para pagar las pensiones

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras reunirse con los agentes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recibían el pasado miércoles en el Palacio de la Moncloa a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y a los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi. Se presumía una primera toma de contacto y una declaración de intenciones, pero el encuentro sirvió para dar algún que otro paso en la agenda política de los socialistas.

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Uno de los más relevantes fue la decisión de poner en marcha dentro del diálogo social a tres bandas un estudio “en profundidad” de los diferentes incentivos al empleo y al emprendimiento que cargan sobre las cuentas de la Seguridad Social, para comprobar su “utilidad y eficiencia”, según explicó después del encuentro la propia Valerio.

En último término, avanzó que es el momento de analizar con “seriedad” si detraer ingresos a la Seguridad Social por esa vía está sirviendo o no para mejorar el mercado de trabajo, en una situación de acuciante necesidad de racionalizar los gastos del sistema e incrementar los ingresos.

No concretó nada más. Sin embargo, fuentes socialistas han explicado a El Independiente que la idea central es evaluar los incentivos para el empleo; identificar los que funcionan y los que no; interrumpir los que no estén siendo eficientes y empezar a pagar los que pasen la criba con los Presupuestos.

En este sentido, Valerio sí avanzó tras el encuentro con los sindicatos que en un planteamiento a discutir (con la idea de que su posición parlamentaria les obliga a alcanzar acuerdos) sería, al menos, empezar por trasladar el coste delas ayudas que ahora financia la Seguridad Social al Estado. De acuerdo con los cálculos del anterior Gobierno, este cambio técnico tendría un impacto de 1.500 millones de euros al año.

Todas estas cuestiones están además en el ideario del nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que ha vuelto al cargo después de siete años.

Mayores transferencias del Estado

En el actual planteamiento de Trabajo, no existe tanta preocupación a priori por las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que se aplican para incentivar la contratación, puesto que en este caso se trata de cuantías que se transfieren al completo del Estado a la Seguridad Social.

El problema está en las reducciones en las mismas cuotas que sí debe asumir en sus balances el sistema. Se incluyen en este saco las conocidas como ‘tarifas planas’, como la de 50 euros para los nuevos autónomos puesta en marcha en 2013, inicialmente para menores de 30 años pero que se ha acabado ampliando a todas las edades.

Este planteamiento ya se recogía en los Presupuestos alternativos planteados por el PSOE a principios de año. En el documento se planteaba la necesidad de “racionalizar gastos, de modo que la Seguridad Social deje de hacer frente a gastos que no debe”.

En este capítulo, añadía el texto, “existen numerosas posibilidades a explorar entre las que hay que mencionar las ‘tarifas planas’ y demás reducciones de cotizaciones procedentes de las políticas activas de empleo, que deberían financiarse vía Presupuestos”, precisamente la recomendación número uno que, entre otras, está tratando también el Pacto de Toledo.

El PSOE también incluía entre los gastos a revisar los gastos de personal o los gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión de los Organismos de la Seguridad Social, “que también deben financiarse con los Presupuestos para que las cotizaciones sociales no soporten el coste de otras políticas ajenas al propio sistema de la Seguridad Social”.

No obstante, el Gobierno del PP siempre ha defendido que estos incentivos son ingresos extra para la Seguridad Social porque son la vía para generar empleo que de otra manera no se crearía, y de ampliar la base de cotizantes a la Seguridad Social.

Una primera y mala valoración estos incentivos

Antes de acometer una auditoría de estos incentivos al empleo, la ministra de Trabajo ha adelantado que en algún que otro estudio previo elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) relacionado con las bonificaciones “no salen muy bien paradas”, con lo que puede que la Seguridad Social se esté haciendo “trampas en el solitario”.

Sin embargo, los informes a los que se refiere datan de 2008 y los Presupuestos para 2018, que el PSOE sacará adelante pese a ser los elaborados por el PP, dejan sin presupuesto a la Agencia. De ahí que sea preciso también abordar de nuevo la evaluación de los incentivos al empleo.

En el entorno sindical estos incentivos han sido ampliamente criticados. Incluso desde los propios autónomos. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), perteneciente a UGT, estima, por ejemplo, que la ‘tarifa plana’ se ha usado masivamente por las grandes empresas para emplear a trabajadores bajo la fórmula del falso autónomo.

Valerio esquiva de momento el ‘decretazo’

En otro punto de su intervención, la ministra de Trabajo ha indicado que su intención es gobernar buscando consensos y acuerdos, y que se reservará la opción del decreto a cuestiones de urgente necesidad, tal y como prevé la Constitución.

De momento, la revisión de los incentivos al empleo cuando cargan sobre la Seguridad Social está dentro del perímetro del Pacto de Toledo y es de esperar que estas cuestiones se traten en paralelo en la comisión permanente del Congreso y con los agentes sociales, un ámbito en el que quieren entrar por derecho propio las organizaciones de autónomos. De hecho, lo concerniente a las ‘tarifas planas’ les afectaría de lleno.

Sin embargo, si prospera el principio de acuerdo político alcanzado para subir las pensiones con el IPC en tiempos de crecimiento económico, las cuentas de la Seguridad Social podrían verse en una situación comprometida ya en el corto plazo.

Sin ir más lejos, Valerio se enfrentará estos meses a pagos de pensiones inusualmente altos en el caso de que los Presupuestos de 2018 se aprueben defintivamente y con ellos una subida de las pensiones hasta el 1,6% para este año.