Togados con escolta: 24 jueces continúan necesitando protección hoy en España

Foto colgada en el perfil de Instagram de Arran de las pintadas en la casa que tiene el juez Pablo Llarena en Das (Girona).

Un total de 24 profesionales de la judicatura y del Ministerio Fiscal sigue necesitando escolta policial en España ante la amenaza real de sufrir algún tipo de agresión. La progresiva reducción del número de personas que necesita protección tras la disminución de la capacidad operativa y posterior desaparición de ETA se ha visto frenada por el desafío independentista, lo que ha obligado a dar seguridad a jueces que instruyen causas contra los promotores del procés.

Ésta es la cifra que ha reconocido la Secretaría de Estado de Seguridad en respuesta a una petición de información solicitada a través del Portal de la Transparencia del Gobierno. Se trata de un número testimonial en relación con el de los integrantes del mundo judicial a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado brindaban seguridad personal antes de que la banda terrorista anunciara el fin de su actividad armada.

La cifra de personas protegidas se ha venido reduciendo paulatinamente desde finales de junio de 2012, cuando el Ministerio del Interior decidió retirar la escolta a los jueces de la Audiencia Nacional, a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La medida adoptada por el departamento entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz supuso destinar a otras funciones a unos 600 agentes que hasta entonces escoltaban a jueces y magistrados, lo que motivó que el presidente de la Audiencia Nacional y del fiscal jefe -entonces Ángel Juanes y Javier Zaragoza, respectivamente- enviaran una carta de queja a Mariano Rajoy por la preocupación que les generaba esta retirada integral de protección.

Fue ocho meses después de que la banda terrorista ETA anunciara de forma definitiva que dejaba de matar -con lo que se reducía el riesgo de que los miembros de la judicatura y del Ministerio Público pudieran sufrir atentados- y tras haber evaluado individualizadamente el peligro de las personas que hasta entonces disponía de protección. Ello llevó a la Secretaría de Estado de Seguridad en marzo de 2012 a dictar una instrucción que establecía un nuevo marco regulador para la prestación de servicios de protección de personas ante el nuevo escenario que se abría con el cese de la actividad armada por parte de ETA, actualizando la orden que el mismo departamento ministerial había publicado el 28 de enero de 1997.

Las amenazas de los independentistas a los jueces y fiscales que investigan el ‘procés’ frenan la paulatina reducción de protección que se registra desde que ETA dejó de matar

La intención de ese recorte era liberar agentes que hasta ese momento prestaban funciones de escolta para desempeñar labores fundamentalmente de seguridad ciudadana, al haberse reducido de forma notable el riesgo. “Durante los últimos años, la progresiva disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA ha llevado aparejada una disminución de la amenaza que se cierne sobre gran parte de estas personas. Además, es preciso optimizar los recursos destinados a proporcionar estos servicios, lo que permitirá recuperar para otros cometidos gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones”, justificaba la instrucción de 2012.

El desafío del independentismo catalán ha motivado que, en los últimos meses, Interior haya tenido que reforzar la seguridad de políticos constitucionalistas y jueces y fiscales que investigan a los cabecillas del intento de secesión: el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer y la fiscal Ana Magaldi.

Semanas después del 1-O, Ramírez Sunyer tuvo que abandonar la vivienda que tenía alquilada en la localidad gerundense de Port de la Selva (Alto Ampurdán) después de que el dueño no le renovara el contrato tras aparecer unas pintadas en las que podía leerse ‘Fora j. 13’ y ‘M S j. fora de Port’. Este magistrado instruye desde febrero de 2017 la causa por los preparativos de la consulta ilegal, iniciada a raíz de que el ex senador de ERC Santiago Vidal asegurara en una conferencia que el Gobierno de la Generalitat contaba con una partida camuflada de 400 millones de euros para organizar el referéndum independentista.

Llarena, al que las juventudes de la CUP dedicaron pintadas a las puertas de su casa del Pirineo, lamenta el acoso que sufre: “Tengo que ir con cuatro escoltas”

El pasado 24 de marzo, horas después de la detención de Carles Puigdemont en la localidad alemana de Schuby (Schleswig-Holstein) cuando regresaba en coche a Bélgica tras haber impartido una conferencia en Helsinki (Finlandia), aparecieron pintadas contra el juez Llarena a las puertas de la vivienda vacacional que tiene en la localidad gerundense de Das (Baja Cerdaña). Arran, las juventudes de la CUP, le escribieron: “Llarena fascista. Ni en Das ni en ningún sitio”.

Fueron más explícitas las amenazas que sufrieron en Twitter por aquellas fechas el magistrado y su esposa (Gemma Espinosa), a los que les advirtieron a través de dicha red social que “no podrán ir por la calle a partir de ahora”. También dieron a conocer la localidad en la que ella -directora de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona- reside, lo que llevó a Interior a asignarle escolta.

El lamento del juez Llarena

El pasado 16 de mayo, cuando tomaba declaración en calidad de testigo a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el marco de la instrucción de la causa abierta por el procés, Llarena reconoció el acoso del independentismo. “Yo también lo sufro. Tengo que ir con cuatro escoltas”, reconoció, antes de asegurar que lo miraban “siete veces en cada esquina”.

Tampoco ha escapado a la intimidación de los separatistas la fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldi. A ésta también se le asignó servicio de protección después del 1-O por la actuación del Ministerio Público en la persecución de los secesionistas, sufriendo incluso un asalto en la residencia que tiene en un pueblo del Pirineo: los desconocidos entraron en la vivienda y le cortaron la calefacción y desconectaron la antena de televisión.

Escrache a Alaya

Entre los jueces que también cuentan con protección policial se encuentra Mercedes Alaya, la magistrada que en enero de 2011 inició la investigación del caso ERE -cuya pieza principal se juzga desde diciembre con los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados- cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Desde mediados de junio de 2015 ocupa plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

A mediados de octubre de 2013, el juez decano de Sevilla, Francisco Gutiérrez, solicitó a la jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental que asignara un servicio de protección a Alaya después del escrache que ésta había sufrido a las puertas del juzgado por parte de decenas de sindicalistas tras la detención de dirigentes de CCOO-A (Roberto Carmona) y UGT-A (Salvador Mera) por exigir comisiones para sus organizaciones en la negociación de las pólizas de prejubilaciones.