Prisión para un empresario de origen indio por defraudar más de 41 millones de IVA

Foto de archivo de la Agencia Tributaria.

Un juez de Elche (Alicante) ha decretado prisión sin fianza para un empresario de origen indio con pasaporte español acusado de liderar una organización criminal que defraudó 41,24 millones de euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) entre los años 2014 y 2017. El importe equivale al coste que tiene la construcción de casi tres kilómetros de AVE en la línea entre Madrid y Barcelona.

Anand Mohan Chatlani fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto internacional Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando regresaba de Estados Unidos y un día después la magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Elche, María José Boix, acordó prisión incondicional para él por su presunta participación en la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con otro continuado de falsedad documental.

La investigación, iniciada en abril de 2017 a raíz de una denuncia de la Fiscalía del área de Elche y que acumula ya decenas de investigados, ha puesto al descubierto la existencia de una organización criminal -dirigida por Anand Mohan Chatlani y Amit Anand Chalatni Medina, su hijo- que disponía de un entramado empresarial con la finalidad de “ocultar deliberadamente el origen de las mercancías comunitarias” de electrónica e informática que introducían en España.

La organización utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias, a nombre de testaferros, cuya función consistía en “emitir facturas falsas”

Para dar cobertura a estas adquisiciones intracomunitarias, según la instructora, la organización utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias cuya única función consistía en “emitir facturas falsas”. Estas empresas se encontraban a nombre de testaferros y estaban radicadas en una decena de países: España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EEUU, Portugal y Chipre.

En concreto, la trama hacía circular el dinero entre las empresas que componían el conglomerado con la particularidad de que siempre pasaba por Hungría o Bulgaria, de modo que sólo mediante dos sociedades instrumentales húngaras movió más de 140 millones en dos años. Para blanquear posteriormente el dinero, la red recurría a diversas operativas como adquisiciones inmobiliarias en EEUU y España, compras de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas del sector audiovisual de España, EEUU y Hungría.

En el auto de prisión, al que ha tenido acceso El Independiente, la juez Boix describe la “operativa en cruz” que seguía la organización criminal. En sus declaraciones de operaciones intracomunitarias (modelo 349) y con terceras personas (modelo 347), las empresas factureras de la trama declaraban una línea real (las adquisiciones intracomunitarias y las ventas nacionales) y otra falsa (las entregas intracomunitarias).

“Como consecuencia de esta operativa, la organización elude el ingreso del IVA que grava estas adquisiciones intracomunitarias, ya que, por un lado, las adquisiciones intracomunitarias se cuadran con entregas simuladas a operadores establecidos en otros estados miembros y, en cuanto a la facturación de cobertura, las entidades factureras, cuando giran las facturas falsas, repercuten el IVA correspondiente pero no lo ingresan bien porque no presentan declaraciones o bien porque sí las presentan pero falseando los datos que integran en las mismas. En cambio, las sociedades receptoras de estas facturas sí que se deducen indebidamente las cuotas de IVA repercutido que constan en tales facturas y que no han sido ingresadas por las factureras. Al no ingresarse el IVA correspondiente a la introducción de los bienes en España se genera el fraude que permite lucrarse ilegalmente a la organización, así como fijar unos precios para los productos comercializadores por debajo de su valor de mercado”, razona la instructora.

La red recurría a adquisiciones inmobiliarias en EEUU y España, compras de vehículos de lujo y líneas de préstamos bancarios para blanquear el dinero

Según los datos de Hacienda, con esta estructura defraudatoria se habría dejado de pagar 41.248.172,13 euros en concepto de cuota de IVA en los últimos cuatro años. El desglose es el siguiente: 6.412.711,15 euros en 2014, 10.217.784,72 en 2015, 14.596.709,07 en 2016 y 8.070.152,50 euros el pasado ejercicio fiscal.

En paralelo, la instrucción ha podido acreditar operativas sospechosas de blanqueo de capitales con las que la organización trataba de “ocultar y posteriormente transformar” el origen real de los fondos, como pagos a una cuenta en la entidad Liberbank a nombre de la sociedad Inter Market 3000 SLU por importe de unos 7,7 millones de euros en menos de un año con el concepto ‘Pago comunidad 1A”.

Riesgo de fuga

La magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Elche precisa que la investigación está “al inicio” -está pendiente del estudio de la documentación y del análisis de los ordenadores intervenidos- por lo que aprecia riesgo de destrucción de pruebas que ayuden al esclarecimiento de los hechos. También cree que el investigado puede fugarse atendiendo a la gravedad de los delitos, por lo que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Anand Mohan Chatlani.

La juez María José Boix había dictado auto el pasado 9 de mayo por el que se inhibía en favor de la Audiencia Nacional al entender que era este órgano jurisdiccional el competente para investigar delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales cometidos por una organización criminal.

La pretensión de la juez de instancia fue desestimada el pasado 30 de mayo por la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que no ve la concurrencia de los presupuestos necesarios para asumir la investigación de los hechos. Ni la cuantía de la defraudación, ni la organización criminal, ni la complejidad de la causa justifican -en su opinión- la inhibición planteada, por lo que la instrucción ha continuado en Elche.