El nuevo PSOE de Sánchez desempolva las viejas recetas económicas de Zapatero

El Gobierno está de mudanza. El nuevo inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, ya está haciendo cajas y como suele ocurrir en estos casos es el momento de desempolvar, mover muebles de sitio y (es obligado) darle un toque nuevo a la decoración. Algo así ocurre con las políticas económicas.

Porque, aunque el líder de Podemos, Pablo Iglesias, celebre la victoria de los socialistas como un triunfo de la nueva política (¡Sí se puede!), en realidad ha vuelto a ganar el PSOE de siempre.

Y si se mira con detenimiento el presupuesto alternativo para 2018 que presentó el PSOE en abril, que a día de hoy es casi un documento de gobierno, hay iniciativas nuevas, pero también una vuelta a viejas recetas del anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Políticas económicas que el PP desmanteló a su llegada al poder en 2011 con un programa de reformas que ahora los socialistas se han comprometido a revertir.

Vaya por delante que el nuevo presidente del Gobierno se ha comprometido a mantener durante lo que queda de año el Presupuesto (principal ley económica) del PP, que está a punto de aprobarse en el Senado. Con 84 diputados tiene margen parlamentario para hacer grandes cambios (a la espera de la ayuda que le pueda ofrecer Podemos), ni tampoco puede tocar unas cuentas que tanto ha luchado el PNV, su socio de moción. Además, es necesario seguir vigilando el cumplimiento de la senda de déficit.

Sin embargo, su ideario político sigue en la recamara a la espera de un gobierno más estable y a la tramitación de los Presupuestos de 2019.

Fulminar la reforma laboral de 2012 y plantear un nuevo contrato social, la de las pensiones de 2013 y volver a hacer de la política de vivienda un eje central de la gestión pública. Es la política económica que pretende poner en marcha el PSOE  (y en parte la que fue) si unas nuevas elecciones no lo evitan y, en todo caso, la que tendrá que bailar con las exigencias que Podemos ponga sobre la mesa como socio de un eventual gobierno de coalición.

Para ir de lo más general a lo más concreto, el PSOE plantea devolver el Estado a su tamaño previo a la crisis. El PP, últimamente de la mano de Ciudadanos, se ha embarcado en un viaje de reducción del gasto público hasta un 38% del PIB (desde el 40,6% de 2011), aprovechando el redimensionamiento de la Administración en los primeros años de su mandato (los famosos recortes) y el incremento en los últimos del PIB.

De modo que este PSOE también habla de recuperación, pero también para referirse a la vuelta a unos tiempos, a su juicio, mejores; a retomar el peso de la educación o la sanidad sobre el PIB con un presupuesto moderadamente expansivo que contempla 8.000 millones de gasto por encima del presentado por el PP, de los que 2.500 millones de euros procederían de una mejor gestión del gasto. Porque para el nuevo PSOE es importante que nadie pueda acusarle de despilfarrar y gobernar a costa del déficit, como el viejo de Zapatero.

Un programa de contrarreformas

Enfocando un poco más, los socialistas se plantean derogar dos de las medidas más importantes promovidas durante el mandato de Mariano Rajoy: la reforma laboral y la reforma de las pensiones de 2013. Podemos también le tiene ganas a ambas leyes, pero Ciudadanos, en tierra de nadie, es más partidario de introducir cambios partiendo de las normas existentes.

La repercusión puede ser enorme. Del lado de la reforma laboral, los sindicatos se frotan las manos ante el horizonte que se abre para recuperar el peso perdido en la negociación colectiva, tal y como quieren los socialistas, especialmente ahora que batallan por no perder su sitio en las calles.

Las centrales achacan la paralización de las negociaciones para sellar un nuevo pacto salarial a la falta de interés de una patronal CEOE-Cepyme, que se siente cómoda después de que la reforma laboral  diera más flexibilidad a las empresas para adecuar las condiciones de sus trabajadores a su situación económica.

Es en esa negociación colectiva en la que se fijan los salarios de millones de trabajadores, además de otras cuestiones que tienen que ver con el absentismo o la igualdad. Y es por eso que las empresas temen la llegada de Sánchez: a las pocas horas de su nombramiento como presidente del Gobierno, la patronal publicó un comunicado en el que pedía no dar marcha atrás a la reforma laboral ni caer en populismos.

Y en el caso de las pensiones, la llegada del PSOE al poder acerca la posibilidad de que estas prestaciones vuelvan a vincularse al IPC, como defienden a capa y espada tanto socialistas como Podemos en el Pacto de Toledo.

Ahora su peso relativo en la comisión permanente es superior y si esta vuelta al esquema de las pensiones sustituido en 2012 se consuma, España se enfrentará a un escenario de incremento del gasto de unos 40.000 millones de euros, según cálculos del servicio de estudios del BBVA.  No hay duda de que algo así activará todas las alarmas de Bruselas, ahora que España estaba a punto de salir del brazo correctivo de la UE, y que obligará a Sánchez poner encima de la mesa un plan de incremento de ingresos creíble.

Para ello, los socialistas confían en la reversión de la reforma laboral, como palanca para la mejora de la calidad del empleo, los sueldos y las cotizaciones. Pero también en la creación de nuevos impuestos, especialmente dos: uno para las transacciones financieras y otro sobre la banca. De ahí también la inquietud reinante en estos momento en las empresas.

Vuelta a las ayudas sociales de Zapatero

Pero hay otras cosas que desempolvar. El PSOE insiste, además de en poner en marcha un íngreso mínimo vital para erradicar la pobreza, en  recuperar prestaciones desaparecidas como el subsidio a desempleados mayores de 52 años y parados de larga duración. También avanza en su presupuesto que dará marcha atrás en los recortes aplicados a la prestación por desempleo.

Y especialmente llamativa es su apuesta por recuperar el papel central de la vivienda como política pública. No solo eso, el PSOE quiere volver a viejas recetas como la Renta Básica de Emancipación o lo subsidios para el pago de préstamos hipotecarios.

Sánchez apuesta por recuperar el papel central de las políticas de vivienda

Y si los socialistas legislaron en mandatos pasados para que el alquiler ganara cuota sobre la vivienda en propiedad, ahora tienen ante sí un paradigma nuevo con el que lidiar: el problema no es tanto animar a los jóvenes a alquilar, sino facilitar que baje la presión de los precios en pleno ‘boom’ de los pisos turísticos.

A futuro, el presupuesto del nuevo PSOE habla de modernizar la estructura productiva española, de incrementar el gasto en I+D+i en 801 millones de euros –para llegar al 2,5% del PIB en tres años–; o de destinar una dotación para políticas de igualdad de casi 600 millones de euros –para entre otras cosas aumentar el permiso de paternidad de las cuatro semanas voluntarias a las seis semanas obligatorias–.

En el capítulo de las novedades, es de justicia señalar que el PSOE propone alternativas para combatir el paro de larga duración. Una es una Plan Territorial de Infraestructuras de Empleabilidad, que es al empleo lo que las carreteras o las líneas ferroviarias a las empresas. De lo que se trataría es de establecer en cada municipio de más de 20.000 habitantes o en cabeceras de comarca un doble servicio: por un lado dotarles de institutos de formación y, por otro, de instancias de contratación. Todo ello tendría un coste de 1.100 millones de euros.

Los socialistas quieren elevar el presupuesto para educación en un 35%

Asimismo, el PSOE quiere impulsar dos programas concretos: uno de Becas de Éxito  y otro de Primera Experiencia Profesional, dentro del Plan de Garantía Juvenil, en sustitución del complemento salarial para jóvenes pactado por el Gobierno con Ciudadanos. Ambas medidas podrían beneficiar a 100.000 jóvenes.

Otros cambios de calado, la nueva decoración de la casa, se cargarán sobre los hombros de las rentas más altas y de las empresas, las menos perjudicadas por la crisis. Los socialistas plantean elevar los tipos del IRPF para las rentas superiores a los 150.000 euros, pasando del marginal máximo, en el tramo estatal, del 22,5% al 26,5%. De esta forma, el tipo impositivo, incluyendo el tramo autonómico, para estas rentas se situaría en el 52% en comunidades autónomas como Andalucía, Asturias o Cataluña.

Además, los socialistas quieren aumentar el tipo de gravamen del ahorro para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base y unas rentas totales superiores a los 150.000 euros. Esta medida supondría incrementar el gravamen a un entorno del 30%.

¿Quién desarrollará todas estas políticas?

Aquel 11 de abril, cuando Sánchez atendía a la prensa para presentar sus presupuestos alternativos, acudía todo el equipo económico del PSOE. Caras conocidas como la de la ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, o el ex secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, estaban allí.

También el ideólogo del programa político Sánchez –y del candidato Josep Borrell en 1998—Manu Escudero. Y todo ello, junto a aquellos que han dado la batalla en la oposición desde 2012 y que ahora están entre las quinielas de los ‘ministrables’, como Pedro Saura o Magdalena Valerio.

Ahora, en torno al nuevo presidente del Gobierno reina la discreción. “Por respecto”, dice algún destacado miembro del PSOE en el Congreso de los Diputados. Así que solo queda hacer futuribles a la espera de un anuncio oficial de nuevos cargos.

La duda es si el Gobierno de Sánchez resucitará no solo las políticas de Zapatero, sino también el Ministerio de Igualdad después del éxito del 8 de marzo; si hará lo mismo con el Ministerio de Vivienda, que fue absorbido en los últimos años de su mandato como una secretaría de Estado en Fomento; o si fusiona en un mismo ministerio los de Economía y Hacienda que Rajoy separó abriendo un campo de batalla entre Cristóbal Montoro y Luis de Guindos. ¿Y si el nuevo Gobierno opta por abordar la política de pensiones desde una secretaría de Estado propia?

Entre los nombres posibles, ha sonado en más de una ocasión para ese gran ministerio económico el actual portavoz del ramo en el Congreso, Pedro Saura. Pero también están en el disparadero el ex secretario de Estado de Economía con Zapatero, David Vegara, o el ex ministros de Industria socialista Miguel Sebastián.

Mientras, que para Empleo se baraja el nombre de Toni Ferrer, gran conocedor de las dinámicas del diálogo social con sindicatos y patronal. Pero tampoco se descarta una vuelta del ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez.

El ex comisario europeo para los Asuntos Económicos Joaquín Almunia y otros pesos pesados del socialismo como Jordi Sevilla o Josep Borrell también están en la terna, como Beatriz Corredor, siempre asociada a las políticas de vivienda de los socialistas, pero que aparece al mismo tiempo entre las posibles candidatas a la alcaldía de Madrid.

Otra incógnita a despejar es si Pedro Sánchez también decide dar entrada en su gobierno a independientes para hacer un guiño de última hora a Podemos. Todo apunta a que todas estas dudas se despejarán en apenas 48 horas. Hasta entonces, el nuevo PSOE parece tener mucho del Gobierno de Zapatero que hace siete años también tuvo que hacer las maletas.