Bruselas da más tiempo al nuevo Gobierno para dejar de manejar el recibo de la luz

El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La Comisión Europea abrió el septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España por el manejo que hace el Gobierno del recibo de la luz, y lo hizo después de una larga investigación que arrancó en 2013. Bruselas amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguía blindando su potestad de fijar directamente los peajes eléctricos y no cedía esa competencia a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como establece la legislación europea.

La Comisión Europea dio entonces al Gobierno de Mariano Rajoy dos meses para dejar de controlar la mitad de la factura de luz. Dos meses, pero de eso hace ya casi dos años. Ahora el Ejecutivo comunitario ha decidido dar más tiempo a España para trasladar esas competencias para conocer la posición al respecto del nuevo Gobierno español recién constituido.

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, dice haber optado por ser “prudente” y mantener contactos con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez antes de tomar la decisión de denunciar o no a España. Un aplazamiento que llega después de casi dos años de contactos con el anterior Ejecutivo y después de que, durante todo este tiempo, el propio Arias Cañete se haya pronunciado en contra llevar a España al TJUE porque las denuncias deben limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante”.

Ahora, sin embargo, el comisario europeo asegura que el inicio del procedimiento contra España ya estaba “preparado”. “La Comisión ha tenido conversaciones con el Gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora. Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión”, ha explicado Cañete este lunes.

“Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente hablar con el nuevo Gobierno (…)  Así que visitaré España y debatiré con el nuevo Gobierno cuál es la situación, qué soluciones se podrían encontrar y a qué ritmo se podría hacer”, ha dicho el comisario, que tendrá ahora como interlocutor en esta materia a la nueva ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Los peajes de acceso son cargos incluidos en el recibo de la luz para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico (transporte, distribución, las ayudas a las renovables…) y que representan cerca del 45% de la factura final de la luz. El resto del recibo de la tarifa regulada lo constituye el precio de la propia electricidad (33%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (22%).

El anterior Ministerio de Energía comandado por Álvaro Nadal no traspasó esas funciones a la CNMC como exigía Bruselas, y en todo este tiempo siguió defendiendo que mantener el control de los peajes es una parte crucial de la política energética gubernamental e incluso aprovechó un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendarlo como una competencia propia.

La última propuesta que Nadal remitió a contemplaba un nuevo modelo con el que cedía a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con la condición de que fuera cumpliendo las directrices que marque el propio Ministerio de Energía. Esto es las competencias formalmente al supervisor, pero con el Gobierno guardándose la última palabra y marcara los objetivos.

La legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Gobierno ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados durante toda la legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.