Maza aboga por impedir la acción popular a partidos, sindicatos y otras personas jurídicas públicas

José Manuel Maza, fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, considera que se debe impedir a los partidos políticos, los sindicatos y otras personas jurídicas el ejercicio de la acción popular. Así lo ha afirmado en una entrevista, recogida por Europa Press, en la revista Escritura Pública, del Consejo General del Notariado.

José Manuel Maza explica que no le parecen reprochables la remisión a la Fiscalía de denuncias por parte de los partidos políticos, pero sí advierte de que considera “perturbador” el recurso habitual que tienen las formaciones políticas al ejercicio de la acción popular “trasladando la controversia política al proceso penal”.

Considera “perturbador” que los partidos trasladen “la controversia política al proceso penal”

“Por eso aplaudo las iniciativas dirigidas a establecer limitaciones a la acción popular que racionalicen su ejercicio, vedando a los partidos políticos, los sindicatos y a otras personas jurídicas públicas su ejercicio, como ha establecido el prelegislador en el Proyecto de Código Procesal de 2011 y el Borrador de Código Procesal Penal de 2013”, ha expuesto.

No obstante, el Fiscal General asegura que no le parece “especialmente preocupante” que los partidos políticos se dirijan a la Fiscalía demandando su actuación ante lo que consideran actuaciones “penalmente reprochables”. Algo -dice- que se inscribe en el normal funcionamiento institucional.

Pero deja claro también que la Fiscalía está lejos de sentirse una “herramienta” en la confrontación política pues “analiza con la máxima atención e idéntico rigor todos los escritos presentados por los partidos políticos y los resuelve valorando su verosimilitud, credibilidad y suficiencia para la apertura de una investigación penal”. “Y por supuesto -añade-, la Fiscalía actúa siempre respetando el principio de legalidad”.

Maza explica que aunque buena parte de estas denuncias se dirigen contra responsables de otros partidos políticos, no siempre esto es así ya que, en otros casos, tales denuncias tiene que ver con cuestiones que afectan al interés general, en coherencia con la alta función que la Constitución otorga a los partidos políticos.

Sin embargo, insiste en que resulta perturbador el recurso habitual de los partidos políticos al ejercicio de la acción popular y por ello, apuesta por limitar esta y vetarla a los partidos, los sindicatos y otras personas jurídicas.

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