La CUP gana la batalla de la desobediencia

Anna Gabriel y Carles Puigdemont.

“Nos reivindicamos como los agentes clave del anuncio”. Núria Gibert, miembro de la dirección de la CUP, lo deja claro tras debatir en el secretariado político de las Candidaturas de Unidad Popular la fecha y la pregunta anunciadas por Carles Puigdemont para la celebración del referéndum independentista. Los anticapitalistas se sienten desde el pasado viernes triunfadores. Con razón. Han ganado una batalla más importante aún que la de desbancar a Artur Mas de la presidencia de la Generalitat: han comprometido al Govern de JxS con la desobediencia.

Contrariamente a lo que sucede en la órbita de Podemos y los Comunes, donde los no independentistas se resisten señalando las nulas garantías jurídicas del proceso iniciado por Carles Puigdemont, o las graves dificultades en las que se encontrarán los funcionarios interpelados por la Generalitat a participar en una consulta declarada ilegal, para la CUP ese debate no es más que una “excusa”. Ellos siempre han tenido claro que la independencia sólo llegará por la vía de la desobediencia y la insumisión, y así lo señalan ahora orgullosos, enterrada la vía del referéndum pactado con el Estado.

“La desobediencia civil será necesaria y habrá que ejercerla sin miedo” advierte Gibert, que anuncia que “la movilización popular será imprescindible a partir del día de hoy para enfrentarnos a todas las fuerzas del Estado”. La primera prueba será este domingo en Barcelona, donde Ómnium, la ANC y la AMI han convocado un acto de apoyo a la convocatoria del referéndum con el ex futbolista y entrenador Pep Guardiola como maestro de ceremonias y gancho publicitario.

Esconderse tras la sociedad civil

Pero eso no significa que el Gobierno de Puigdemont pueda esconderse tras la sociedad civil, porque como recuerda Benet Salellas, diputado de la CUP en el Parlament: “Aquí hay una parte institucional, si queremos que el referéndum pueda considerarse como tal, debe tener un componente de organización institucional, esto lo debemos tener claro como punto de salida”. Una advertencia nada baladí, cuando en el entorno del ejecutivo y de JxS no deja de apelarse a la movilización constante de la gente para llevar el referéndum a buen término.

“La gente no se irá a casa sin votar”, argumentan de forma reiterada los diputados ex convergentes para justificar la apuesta por la vía unilateral y convencerse de que no la recorrerán solos. De puertas afuera y con la fecha y la pregunta recién salidas del horno todos se muestran eufóricos, ya sea el ex convergente Jordi Turull o el ex miembro de Unió Antoni Castellà. Pero pocos se acostumbran a la inclusión del concepto de desobediencia dentro del nuevo ideario de su partido. Son “gente de orden” ante la que ERC y la CUP han tenido que dulcificar ese concepto, hablando insistentemente de “obediencia al mandato político del 27-S”.

Exactamente la misma expresión que utiliza Gibert cuando una señora le cuestiona en plena calle su apelación a la desobediencia civil. “Ha llegado el momento de que seamos los tutores de nuestros derechos”, empezando por el derecho a la autodeterminación, añade la dirigente antisistema. Un proceso que pasa por desobedecer las leyes que sustentan “el régimen corrupto del 78 y a las instituciones que están al servicio de esas leyes”. Una desobediencia que esperan que sea social e institucional.

Participación: aviso a “los del no”

En lo que están absolutamente de acuerdo todos es en la importancia crucial de la participación para dar credibilidad a un proceso que no tiene sustento legal ni reconocimiento internacional. Y saben que los no independentistas no se sienten en absoluto interpelados a participar en una consulta que PP, PSC y C’s rechazan abiertamente y los Comunes y Podemos parecen defender más por diferenciarse del PP que por convicción. Por ello, ni unos ni otros entran en ningún momento en el debate del ‘sí’ o el ‘no’ a la independencia que podría arrastrar a esos catalanes no independentistas pero que secundan la celebración de una consulta.

Pero sin la participación de los no independentistas, la consulta, en caso de llegar a celebrarse, no sería más que un nuevo 9N. Por eso, los independentistas empiezan a manejar un nuevo argumento para convencer a los contrarios a la independencia: los resultados se aplicarán. El propio Carles Puigdemont lo advertía ayer en su declaración institucional: “La respuesta que den nuestros conciudadanos, en forma de ‘sí’ o de ‘no’, será un mandato que este Govern se compromete a aplicar”.

Pero lo que en palabras del president parece poco más que una boutade, adquiere todo su sentido en boca de la CUP. “Esto es muy importante para movilizar tanto a la gente del ‘sí’ como a la del ‘no’, porque esto cambiará nuestras vidas al día siguiente”, advierten para intentar convencer a los contrarios a la independencia de que no bloquearán la celebración o las consecuencias del referéndum por la vía de boicotearlo no participando en él.

El regalo del Constitucional

Mientras, los independentistas de siempre celebran un momento de éxtasis para ellos, el de ver que una corriente que hace diez años apenas secundaba un 14,5% de los catalanes -frente al 37% que defendía el Estado de las autonomías y un 35% que abogaba por un Estado federal, según el CEO- es ahora la opción favorita de casi el 50% de los encuestados. Un porcentaje que están convencidos de que crecerá aún más si el Gobierno impide el referéndum y la Generalitat puede presentar su actuación como la definitiva agresión del Estado contra Cataluña.

El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Tardà, lo expresaba de forma muy plástica tras la reunión en el Palau de la Generalitat. “Para los que siempre hemos sido independentistas este momento es un regalo, lo que creíamos que verían nuestros nietos lo acabaremos viendo nosotros”; ese llegar a las puertas de la independencia con el referéndum. “Un regalo, añade, del Tribunal Constitucional”. Porque entre los independentistas catalanes, sean de nueva hornada o con pedigrí republicano, nadie olvida el papel fundamental de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como catalizador de este proceso desde 2010.

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