El TC anula la amnistía fiscal por ser “una abdicación del Estado” ante la evasión

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende el presupuesto de ingresos para 2017 en el Congreso de los Diputados.

El Tribunal Constitucional (TC) ha infligido un duro correctivo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal del 2012 a la que se acogieron casi 30.000 personas por ser “una abdicación del Estado” para luchar contra el fraude fiscal. La sentencia, adoptada por unanimidad, no tendrá efectos prácticos, ya que no obliga a que se revisen las regularizaciones que ya sean firmes, pero sí políticos. El PSOE ha pedido ya la dimisión del ministro.

El alto tribunal anula esta decisión porque considera que la amnistía fiscal “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal” ha supuesto “una abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Conducta insolidaria

Además, los magistrados acusan a Montoro de “legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar”.

Los magistrados también rechazan que esta medida se pudiera encuadrar en la grave crisis económica porque “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia”

De este modo, el TC resuelve el recurso presentado por 50 diputados del PSOE contra la amnistía fiscal por entender que esta norma favorecía a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.

A esta regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso “Púnica”-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

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