El secesionismo ha entrado ya en la zona crítica

Carles Puigdemont.

Puigdemont ha desvelado por fin la fecha y la pregunta que se va a hacer a los catalanes en ese referéndum ilegal que el Gobierno asegura que no se va a celebrar porque atenta contra la Constitución.  Y lo ha hecho rodeándose de los que tiene, que resultan ser muy pocos, a la vista está. Allí se juntaron los diputados de Junts por el Sí y los de la CUP y nadie más porque el resto de los partidos con representación parlamentaria no apoya ese intento de unilateralidad. En definitiva, Puigdemont y los suyos evidenciaron su soledad política.

Quizá por eso, y para sentirse un poco más arropados, Oriol Junqueras entonó una letanía en la que engarzó un reproche con otro sobre asuntos muy dispares políticos, económicos, sociales y territoriales, dirigidos todos al Gobierno, en un intento de armar con un poco más de argumentario lo que iban a anunciar a continuación. Pero los reproches formulados corresponden todos al ámbito de la política diaria y quedan años luz por debajo de la gigantesca dimensión que supone el intento de romper la unidad de un país, que es lo que se está buscando aquí.  Y aunque es de suponer que pretendieron con esta puesta en escena transmitir la impresión de gran apoyo para una iniciativa de la enorme trascendencia de la que plantean, lo cierto es que no lo consiguieron, todo lo contrario.

El gobierno secesionista catalán acaba de entrar en la zona crítica en la que no caben los gestos ni las palabras. Se acabó el tiempo de marear la perdiz

Bien, aquí se acaba el espacio líquido en el que el independentismo ha podido moverse sin más resultados que los derivados de la convocatoria del 9-N que ya ha comportado la inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por su participación en esa consulta.  Ahora ya, enunciada la pregunta y la fecha del referéndum, el gobierno secesionista catalán acaba de entrar en la zona crítica en la que no caben los gestos ni las palabras. Se acabó el tiempo de marear la perdiz, ahora entramos en el terreno crítico de los hechos y en el de las respuestas del Estado a todos y cada uno de los hechos que se vayan a producir. Lo primero que tiene que pasar es que el gobierno de la Generalitat empiece a tomar decisiones efectivas: la primera, la licitación y  la compra de las urnas con las que recibir los votos. El Gobierno y la Fiscalía tienen que intervenir de inmediato promoviendo primero la inhabilitación del responsable que ponga su firma en ese documento y en segundo lugar sancionando a la empresa que haya participado en ese concurso porque todas las compañías están ya advertidas de los riesgos que comporta para ellas acudir a una convocatoria que se les explicó que era contraria a la ley.

Lo segundo que a va pasar es que, si insisten en seguir adelante con su plan, todos los funcionarios públicos que prestan sus servicios en Cataluña pero que son funcionarios del Estado y que están advertidos que incurrirían en ilegalidad y en sanciones de inhabilitación si secundan órdenes contrarias a la ley, no van a obedecer mayoritariamente esas órdenes del secesionismo, ya lo han dicho. Pero el Gobierno tendrá  que tomar medidas inmediatas si esa situación llegara a darse, aunque fuera de manera minoritaria. Es decir, ni urnas ni fuerza policial para garantizar que la convocatoria se celebrara en condiciones mínimas, no de legalidad, pero por lo menos sí de tranquilidad.

A la altura de primeros de agosto, el sector secesionista de la cámara tomará la profundamente antidemocrática decisión de aprobar ese engendro que tienen oculto

Luego habrá que esperar a que el parlamento desoiga por enésima vez las advertencias del Consejo de Garantías Estatutarias que volverá a decir a los independentistas que la reforma del reglamento de la cámara que acaban de aprobar es contraria a a ley y, a la altura de primeros del mes de agosto, el sector secesionista de la cámara tome la profundamente antidemocrática decisión de aprobar ese engendro que tienen oculto y que pretenden aprobar en una mañana sin discusión y sin la posibilidad de que la oposición introduzca enmiendas y que además entre en vigor de inmediato. Ése será el momento clave en el que el Gobierno tendrá que adoptar las medidas más contundentes que no dejen ya lugar a dudas de que, quienes han emprendido esta enloquecida carrera hacia el abismo, efectivamente caen en él.

Veremos hasta dónde llega el fuego real porque está claro que los tiempos de las mascletás se han terminado ya. Damos por hecho que a estas alturas tanto el Gobierno como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y  los tribunales ordinarios están perfectamente preparados para actuar al instante. A partir de ahora empieza de verdad la batalla.

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