Cremades y Sanguino, el bufete que destapó Vitaldent, demandan a Popular ante la Fiscalía

Sede del Banco Popular, en la carretera de Barcelona, a las afueras de Madrid.

Cremades & Calvo Sotelo y Sanguino Abogados son los primeros bufetes en iniciar acciones legales contra Popular. La firma que fundó Javier Cremades representa a AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios), mientras que el despacho de Ernesto Sanguino, consejero del Betis, defiende los intereses de la Asociación de Afectados por la Venta de Banco Popular, la primera plataforma de estas características creada de forma oficial en España.

Cremades & Calvo Sotelo, como representantes de casi 400 accionistas que representan un 3,5% del capital del banco, presentó el jueves una demanda ante la Audiencia Nacional para que se inicie una investigación en torno a los hechos que han culminado en el colapso de Popular.

Su intervención por parte del Mecanismo Único de Resolución y el FROB, y posterior venta a Santander por un euro, ha ocasionado la pérdida íntegra de valor de todas las acciones del banco y de los títulos de deuda subordinada.

Cremades & Calvo Sotelo alegan en la demanda la “presunta comisión de un delito contra el mercado y los consumidores en su modalidad de uso de la información relevante para la cotización […] por parte que aquéllos que han tenido participación significativa en la gestión de la entidad financiera o un posible delito de administración desleal […], que ha determinado como remate final la absoluta pérdida del valor de las acciones”.

 

Junto a Cremades, Sanguino Abogados es el próximo bufete que pisará los juzgados para demandar a los equipos de dirección Popular y, posiblemente, a auditores y reguladores.

Está preparando la documentación para, previsiblemente la próxima semana, cursar una demanda penal ante la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de que inicie un proceso de investigación.

La firma andaluza asegura que hay indicios de sobra que constituyen delito por parte del consejo de administración de Popular en la era de Ángel Ron y, posteriormente, de Emilio Saracho. También atribuye responsabilidades adicionales al Banco de España, la CNMV y a los diversos auditores.

Sanguino ha aglutinado, de momento, a más de 200 afectados por la caída de Popular cuyo capital supera los 100 millones de euros, a través de la Asociación de Afectados por la Venta de Banco Popular. Fuentes del bufete consideran que la información que recabe la Fiscalía servirá para interponer demandas que, en su opinión, deberían ser individualizadas, ante las diferentes casuísticas.

Sanguino fue un pieza clave en el caso de Vitaldent. La investigación de la Policía Nacional que culminó en la detención de su propietario Ernesto Colman, por delito de fraude y blanqueo de capitales, fue el resultado de una denuncia presentada a mediados de 2012 por el bufete Sanguino y Asociados, en representación de tres franquiciados que habían detectado irregularidades en los procedimientos del grupo.

Por otro lado, el accionista mexicano Antonio del Valle, el presidente de Naturhouse Felix Revuelta y la familia chilena Luksic están en conversaciones para unirse, junto a otros pequeños ahorradores, y emprender acciones legales conjuntas en contra de Popular.

Los tres inversores han mantenido contactos telefónicos y presenciales para diseñar una estrategia común que les permita recuperar parte de la inversión acometida en el banco. Están en proceso de buscar un bufete que represente sus intereses.

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